La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió un recurso de casación que presentó Cristóbal Salerno contra su condena de 80 meses de prisión por blanqueo de capitales.
En cambio, la misma Sala ordenó la corrección de un recurso similar pero a favor de Luis Enrique Cucalón, exdirector general de Ingresos (DGI) en el quinquenio 2009-2014.
Ambos fueron condenados por las irregularidades en el contrato entre el Estado y la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), para el cobro de la cartera morosa de la DGI. Salerno controlaba CISA.
A través del Edicto N.º 85 del viernes 24 de agosto, los magistrados de la Sala Penal decidieron no admitir el recurso de casación presentado por Salerno (el último al que podía recurrir para evitar la condena), pero admitieron parcialmente el de Cucalón, pero tendrá que corregir unos argumentos que no quedaron claramente expuestos.
Los magistrados también ordenaron la corrección del escrito de acusación presentado por Dora Luz Rodríguez, sancionada con la pena de 96 meses de cárcel, por esta misma causa.
También desestimaron el recurso de casación presentado por el fiscal anticorrupción Javier Cuadra, contra la absolución de cargos concedida a Gustavo Adolfo Cucalón Zamora.
Los antecedentes
Cristóbal Salerno y Luis Cucalón fueron sancionados cada uno a la pena de 100 meses prisión por la juez penal Agueda Rentería. Posteriormente, la condena de Salerno se redujo a 80 meses.
Los dos fueron hallados culpables de participar en un esquema complejo de lavado de dinero, a través del cobro de impuestos morosos por parte de CISA.

Además, Cucalón fue condenado a 96 meses de prisión por el delito de peculado relacionado con estos mismos hechos. Actualmente, el exfuncionario se encuentra en libertad tras haber cumplido dicha pena, pero podría ingresar nuevamente a prisión si su condena por blanqueo queda en firme.
CISA fue contratada por la DGI como cobrar su cartera morosa, que entonces era de $29.5 millones. Una auditoría de la Contraloría General de la República reveló que la empresa incurrió en serias irregularidades en su gestión, como recaudaciones retenidas que no fueron reportadas y otras que se cancelaron por montos menores al original. La empresa cobró las comisiones, pese a estos hallazgos.

También se acreditó que CISA recibió comisiones que no se ajustaban a los porcentajes acordados en el contrato. La auditoría también reveló que la empresa facturó hasta por el pago voluntario que hicieron algunos contribuyentes morosos. Igualmente, se detectó duplicidad en los cobros.


