Gabriel Martínez se convirtió en el imputado número 22 por ser parte de una red criminal que operaba dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI) y que manipuló el sistema electrónico e-Tax 2.0. para apropiarse de créditos fiscales.
Martínez está ligado a tres sociedades que presuntamente fueron utilizadas por la red como intermediarias para movilizar los fondos y colocar los créditos fiscales: Multiservicios Instant Express, Buzz Marketing 2.0. y Berajah Tikva & Company S.EP.
En una audiencia celebrada el pasado jueves 10 de septiembre -un día después de su aprehensión por agentes policiales, la juez Clara Montenegro acogió la imputación de cargos presentada por el Ministerio Público y ordenó la detención provisional de Martínez, mientras se le investiga por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos y corrupción de funcionarios.
La fiscal Elizabeth Carrión alegó ante la juez que Martínez era parte de la estructura criminal que operaba a lo interno de la DGI, que se dedicaba a manipulaciín y alteración de créditos fiscales que luego eran vendidos a empresas que los consideraban legítimos.
A Martínez se le atribuye haber utilizado sociedades canasta para captar hasta $21 millones en créditos fiscales en asocio con funcionarios de la DGI.
Martínez figura como tesorero de Multiservicios Instant Express, cuyo presidente actual es Juan Omar Palacio Batista. Hasta el año pasado, el presidente era Héctor Luna. Palacio y Luna fueron aprehendidos como parte de la operación Pandora, en junio pasado.
De Palacio, otro fiscal -llamado Dagoberto Alvarado- lo ha descrito como “uno de los principales puntos de conexión dentro de la estructura financiera investigada, al mantener relación con diversas personas vinculadas al caso”.
Luna y Palacio, a su vez, están vinculados a Berajah Tikva, la cual tiene como presidente y representante legal a Martínez.
En cuanto a Buzz Marketing 2.0., Luna aparece como tesorero.
Según las investigaciones que adelanta la fiscalía, estas tres sociedades eran utilizadas como canasta para la compraventa de los créditos fiscales. Martínez habría realizado pagados a funcionarios de la DGI.
Se calcula que la red ocasionó una lesión patrimonial al Estado de por lo menos $40 millones.
Entre los documentos que maneja la fiscalía, están las transcripciones de las comunicaciones interceptadas a los integrantes de la red, con detalles de cómo se realizaba la operación.
La fiscalía también tiene declaraciones de Eduardo Silvestre y Rina Arza, quienes colaboran con la investigación, y dieron detalles de la participación de Martínez en el esquema que operaba dentro de la DGI. Silvestre era el jefe de Cuentas Corrientes de la DGI. Arza también fue funcionaria de la DGI.
En la investigación, que ya alcanza 91 tomos, la fiscalía ha logrado establecer que la red tenía varios niveles operativos: estaban los funcionarios que alteraban el sistema e-Tax 2.0. para apropiarse de los créditos fiscales; otro grupo, conformado por abogados y operadores, creaba sociedades para colocar los créditos de manera temporal, y otro más se encargaba de su venta y la posterior distribución del botín.
La juez Montenegro consideró que, en el caso de Martínez, la detención provisional era la medida cautelar más idónea, ya que existe riesgo de fuga y de alterar pruebas.
La investigación se originó a partir de una denuncia anónima presentada ante el Ministerio Público el 2 de mayo de 2025, en la que se advertía sobre las actividades de los funcionarios de la DGI.
