La juez de garantías Josefa Monfante imputó este viernes cargos por la supuesta comisión de corrupción de funcionarios, falsificación de documentos y blanqueo de capitales a 12 personas, entre ellas funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Salud (Minsa), tras una audiencia realizada en el primer distrito judicial del Sistema Penal Acusatorio.
La fiscal anticorrupción María Araúz presentó la solicitud de imputación y sustentó durante la audiencia, iniciada a las 9:00 a.m., los detalles de un presunto entramado que habría permitido el desvío de $556 mil en fondos públicos mediante un esquema fraudulento articulado desde la provincia de Herrera.
Según la fiscalía, el mecanismo comenzó en la Dirección de Salud del Minsa en Herrera, desde donde se giraron instrucciones para modificar las cuentas bancarias originalmente destinadas a la empresa China Construcción. En su lugar, los fondos fueron dirigidos a cuentas asociadas al Instituto Internacional para el Tratamiento de Enfermedades Inmunodepresoras.
Una vez procesado el pago desde el MEF a las cuentas alteradas, se emitieron 18 cheques que, en vez de cumplir con fines institucionales, terminaron en manos de funcionarios públicos y particulares vinculados al fraude. Parte del dinero fue canalizado a través de la sociedad Salud Panamá, utilizada como fachada para redistribuir los fondos a terceros.
De acuerdo con la investigación, algunos funcionarios recibieron depósitos que oscilaron entre $300, $2,000 y $5,000, mientras que ciertos particulares habrían sido beneficiados con transferencias de hasta $280,000.
Para reforzar la imputación, la fiscalía presentó un informe financiero elaborado por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), el cual permitió rastrear el flujo del dinero y confirmar la trazabilidad de los fondos desviados.
Sin embargo, la audiencia también estuvo marcada por un giro inesperado: antes de decidir sobre la imputación, el juez Monfante declaró ilegales las órdenes de aprehensión que había emitido la fiscalía. Señaló que a los detenidos no se les entregó copia de las órdenes ni se les informaron sus derechos constitucionales, lo que constituyó una vulneración al debido proceso.
Pese a esa irregularidad, el juez consideró válidos los elementos presentados por el Ministerio Público y autorizó la imputación de cargos a los 12 investigados, un paso clave en este caso que expone una presunta red de corrupción entre instituciones clave del aparato estatal.
