En manos del Ministerio Público (MP), la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) y la Fiscalía de Cuentas estará determinar si las ayudas económicas entregadas por el Instituto Panameño para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) otorgadas a hijos de diputados, entre otros beneficiados, fueron producto del tráfico de influencias o arreglos de trastienda.
Los abogados Ernesto Cedeño y Abdiel González Tejeira presentaron ayer lunes 24 de octubre tres acciones judiciales que buscan esclarecer cómo se otorgan estos beneficios.
En el caso de Cedeño, este acudió en la mañana de este lunes a la Fiscalía de Cuentas para solicitar que se practique una auditoría del manejo de los fondos de auxilio económico que entrega el Ifarhu y establecer si el trámite para su adjudicación se hizo apegado a la ley.
El abogado manifestó que su intención al presentar la solicitud es que la fiscalía pida a la Contraloría General de la República hacer una auditoría sobre las ayudas económicas entregadas y que, si hay alguna irregularidad, se pueda abrir un proceso por mala utilización de los fondos del Estado.
Estimó que esto podría dar paso al inicio de una investigación de carácter penal por parte del Ministerio Público.
Posteriormente Cedeño se dirigió a la Antai, donde interpuso una denuncia a propósito de que se establezca si la actuación de los funcionarios que entregaron las ayudas económicas se apegaron al espíritu que llevó a la creación de esta figura, que es darle auxilio económico a los estudiantes que no tienen recursos para estudiar.
Planteó que la Antai se encargaría de investigar la conducta ética de los funcionarios encargados de la asignación de las ayudas económicas, y que en función del resultado este proceso también podría derivarse a la justicia penal.
Por su lado, González Tejeira, del Movimiento Arraiján 2,000, acudió en la mañana de ayer al Ministerio Público, donde interpuso una denuncia penal contra el director del Ifarhu, Bernardo Meneses, por el presunto delito de peculado de uso, “por el despilfarro de miles de dólares entregados a funcionarios del gobierno en auxilios económicos a pesar de tener grandes recursos económicos, en detrimento estudiantes de bajos ingresos”.
González Tejeira pidió al Ministerio Público que efectúe un allanamiento a la sede del Ifarhu para obtener información de cómo se dieron las ayudas económicas.
Paralelamente a esta acciones, trabajadores del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) realizaron un piqueteo frente al edificio donde se encuentran las oficinas del Ifarhu, y exigieron la renuncia del director Meneses.
El medio digital Foco Panamá reveló en los últimos días que algunos de los beneficiarios de las ayudas económicas son Diego Ábrego Díaz, hijo del diputado Roberto Ábrego, quien recibió $190 mil; Kathy Ramos, directora de Género de la Asamblea Nacional, a quien le otorgaron $15 mil; la hija de la diputada Zulay Rodríguez ($61 mil) y la hija del secretario general de la Asamblea Nacional, Quibián Panay ($81 mil), así como personas cercanas a la diputada Rodríguez.
