La dirigencia del Comité Olímpico de Panamá (COP) aseguró mediante un comunicado que entregó de forma oportuna a la Contraloría General de la la República (CGR) “todos y cada uno de los informes de rendición de cuentas que sustentan cabalmente la adecuada y efectiva utilización de los fondos públicos otorgados desde junio de 2014” provenientes del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).
La Fiscalía Anticorrupción, que investiga la presunta comisión de peculado y blanqueo de capitales relacionado con el manejo irregular de decenas de millones de dólares entregados a federaciones y organizaciones deportivas entre 2014 y 2018, pidió a la Contraloría General de la República informes de auditoría a 133 de estas organizaciones. Sin embargo, se le informó que muchas de estas federaciones no han entregado informes o la información apenas se está procesando.
Las autoridades del COP destacan varios puntos:
En el primero, afirman que el 6 de noviembre de 2018, “de manera voluntaria”, el COP notificó a la Contraloría que haría llegar copia íntegra de todos los informes de cómo se utilizaron los fondos públicos administrados por el Comité.
Señalan, además, que el 4 de diciembre de 2018 entregaron a Contraloría los informes de rendición de cuentas que sustentan la utilización de los fondos públicos administrados por el COP (4,500 fojas).
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Agregan que al ser notificados de las investigaciones, el 14 de octubre de 2019 comunicaron a la Contraloría lo siguiente: “les invitamos a nuestras oficinas, para que realicen una inspección “in situ” con asistencia de peritos que puedan verificar y revisar los informes y la totalidad de la documentación soporte de todos y cada uno de los aportes económicos otorgados por Pandeportes a nuestra organización en el periodo de tiempo requerido o incluso fuera de dicho término”.
Durante una audiencia la semana pasada, el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito Judicial –conformado por los magistrados Miriam Jaén, Diego Fernández y Donahi Arosemena– negó a la fiscal del caso, Leyda Sáenz, la solicitud de declarar este caso como causa compleja. Por ello, el Ministerio Público solo tiene hasta el 10 de marzo para terminar las investigaciones.
