La Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá definir el conflicto de competencia surgido dentro de las investigaciones por irregularidades en el manejo de fondos en las juntas comunales a nivel nacional.
El conflicto surge luego de que el Juzgado Quinto Penal de Panamá recibiera una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de Descarga para la reapertura de las investigaciones por la supuesta comisión de delito contra la administración pública, en perjuicio de las juntas comunales.
En aquel momento, el juez Enrique Paniza advirtió de que era competente únicamente para pronunciarse en relación a las juntas comunales que están dentro del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá, y no de aquellas que están en otros distritos del país.
Sumado a la solicitud de la fiscalía, al despacho de Paniza llegó el sumario por el supuesto delito contra la administración pública en perjuicio de la junta comunal de El Puerto de Remedios, para su acumulación.
El juez Paniza –según una nota de prensa del Órgano Judicial- expresó su desacuerdo de acumulación, ya que lo anterior resulta improcedente puesto que las investigaciones se encuentran en etapas procesales distintas: en la primera hay un sobreseimiento provisional, mientras que la de El Puerto de Remedios se encuentra aún en investigación.
Todos los tomos –los 95 del Juzgado Quinto Penal de Panamá y los 13 del Juzgado de Chiriquí- se encuentran pendientes de revisión y posterior reparto en la Secretaria General de la Sala Penal. Queda definir quién será el magistrado ponente.
La Fiscalía Anticorrupción de Descarga pidió al juez Paniza la reapertura del expediente, después de que la Contraloría General de la República entregara los resultados de las auditorías a 186 juntas comunales en todo el país.