La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió la demanda de inconstitucionalidad que presentaron diversas organizaciones de la sociedad civil en contra de la Ley 351 de 22 de diciembre de 2022, que modifica la ley orgánica de la Contraloría General de la República.
Se trata de un recurso contra los artículos 1, 2, 9, 14, 22, 31, 32 y 46 de la Ley 351, que modifica la Ley Orgánica de la Contraloría.
“El expediente fue repartido el 17 de abril de 2023 y recibió el número de R.U.E. asignado 08-08-12-05-1-373132023, despacho del magistrado Olmedo Arrocha. El mismo 12 de mayo de 2023 se ordena la notificación del Procurador de la Administración para la providencia de alegatos”, describió la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – Capítulo Panameño de Transparencia Internacional.
Transparencia Internacional junto a otros grupos, como Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM), Centro de Incidencia Ambiental (CIAM Panamá), Civitas Panamá, Consejo de Ex Presidentes de Gremios de Panamá, Fundación Espacio Cívico, Movimiento Ciudadano Anticorrupción, Movimiento Independiente por Panamá (MOVIN), Movimiento Panamá Joven y la Red Nacional de Jóvenes por la Transparencia, presentaron la demanda.
“La demanda presentada es una acción ciudadana contra el debilitamiento institucional y la capacidad de lucha contra la corrupción que los artículos demandados de la Ley 351 de 2022 implican, por ser contrarios al diseño constitucional para el control y rendición de cuentas de los fondos públicos”, señala un comunicado.
Indica que, entre otros retrocesos, los artículos demandados pueden impedir que tanto la Jurisdicción de Cuentas como el Ministerio Público soliciten a la Contraloría las investigaciones correspondientes, según establecen los artículos 281 y 220 de la Constitución Política, “obstaculizando los procesos de investigación de malversación de fondos y otorgando facultades plenipotenciarias a la Contraloría y de discrecionalidad arbitraria al Contralor, además de librar selectivamente de toda responsabilidad a los auditores de la Controlaría cuando realizan sus funciones de control, debilitando gravemente nuestro Estado de Derecho”.
Corte Suprema de Justicia @OJudicialPanama admite nuestra DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD contra 8 artículos de la Ley 351 de 2022 que modificó la Ley de @ContraloriaPma, por ser contrarios al diseño constitucional para el control y rendición de cuentas de los fondos públicos. pic.twitter.com/z4CWFDYfsg
— Libertad Ciudadana (@LibertCiudadana) May 17, 2023
