La Corte Suprema de Justicia no admitió una denuncia presentada contra el expresidente y diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Juan Carlos Varela, que fuera presentada en su contra por Germán Eliecer Chanis (alias el Fakir), presunto cabecilla de una red criminal desmantelada en la operación Imperio.
Bajo la ponencia de la magistrada Ángela Russo, y con el respaldo del resto de los magistrados que conforman el Pleno de la Corte, se decidió no admitir la denuncia presentada por Chanis contra Varela por los delitos contra la administración de justicia y contra la seguridad colectiva.
La denuncia presentada por el abogado Roiz Navarro se fundamentó en que el exmandatario había girado instrucciones a la exprocuradora Kenia Porcell y al exjefe de Consejo de Seguridad Nacional Rolando López para que intervinieran en la operación 507, en donde se mencionaba al Fakir.
La Corte ordenó devolver la investigación a la Fiscalía de Atención Primaria del Ministerio Público para que continúe la investigación. Además, advierte que, si en el futuro surgen evidencias de la posible vinculación del exmandatario con esta investigación, el expediente pueda ser enviado nuevamente a la Corte.
Alias el Fakir fue extraditado en mayo del 2024 desde México, por ser el presunto líder de la pandilla Imperio, presuntamente ligada a delitos de tráfico de drogas y extorsión.
Su arresto se produjo en Chiapas, México, como parte de una operación de inteligencia realizada por autoridades de Estados Unidos, México, Guatemala y Panamá contra una red criminal dedicada al narcotráfico.
Fuentes ligadas al proceso indicaron que Chanis Aguilar presenta severos quebrantos de salud que requieren atención médica especializada, por lo que busca una conclusión anticipada del proceso que se adelanta en su contra.
En 2024, la Corte Suprema de Justicia rechazó un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa de Chanis Aguilar, en el que se alegaba que su detención fue un acto ilegal.
En julio de 2024, la Corte también rechazó un recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Chanis, por presuntos tratos crueles aplicados por miembros de la Policía encargados de su custodia.
Por otro lado, 12 miembros de la pandilla Imperio alcanzaron acuerdos de pena que fueron validados por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, con penas 9, 8, 7, 5 y 4 años de prisión.
La investigación por este proceso se inició el 3 de marzo de 2016, luego de una operación de inteligencia realizada por autoridades de Estados Unidos, México, Guatemala y la República de Panamá.
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía dan cuenta de que este grupo brindaba soporte logístico a redes dedicadas al tráfico de drogas, y que los implicados fueron detenidos en operativos realizados en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón.
