De surgir nuevos elementos que revelen la posible vinculación del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda, con la operación Jericó, el Ministerio Público (MP) podrá enviar nuevamente a la Corte Suprema de Justicia una solicitud para investigarlo.
Esto se desprende del fallo del pasado 11 de julio, en el que la Corte (con ponencia del magistrado Olmedo Arrocha) decidió no iniciar una investigación contra Pineda, por considerar que la información entregada en ese momento por el MP a los magistrados era insuficiente.
De acuerdo con ese fallo, si surgen elementos de convicción en cuanto a la relación del diputado Pineda en este caso, la Fiscalía de Drogas deberá dictar una ruptura procesal y remitir un informe (con la correspondiente prueba idónea) a la Corte, a fin que acoja la competencia en lo referente al funcionario aforado.
Según el fallo, el MP no aportó una relación “precisa, clara y circunstanciada” que sugiera la posible participación o vinculación del diputado con un hecho delictivo.
Los magistrados de la Corte también observaron que el MP no envió la transcripción de los audios de las escuchas telefónicas realizadas durante la fase de investigación preliminar, en las que se pudiera advertir la participación del aforado respecto a la posible comisión de un delito.
El pasado miércoles, el juez de garantías Justo Vargas imputó cargos y ordenó la detención de Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Pineda, por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
La fiscalía, en las interceptaciones hechas a Rico Pineda, menciona a una persona con características similares a las del diputado, pero no ha revelado el nombre, por no tener la competencia para investigarlo.
En la operación Jericó ya hay 25 personas imputadas por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. También se decomisaron tres toneladas de drogas y $300 mil en efectivo.
En el expediente de la operación, que consta de más de 30 tomos, la fiscalía realizó un total de 1,666 interceptaciones telefónicas, en las que aparecen conversaciones sobre cómo el grupo criminal introducía drogas por las montañas de la provincia del Darién, con la colaboración de algunos funcionarios del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), hasta Tortí, Chepo y finalmente San Miguelito.
A pesar que la operación Jericó se mantuvo en reserva durante varios meses, la fiscalía asegura que se produjo fuga de información, lo que alertó sobre las pesquisas que se realizaban.
