La Corte Suprema de Justicia habilitó un término de 10 días para que los interesados presenten alegatos dentro de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el contralor Anel Flores contra el contrato suscrito entre el Estado y la empresa Panamá Ports Company (PPC).
A través del edicto No.1027, la secretaría de la Corte informa a los interesados que el término para la presentación de las opiniones dentro de la demanda presentada por Flores, comenzará a correr tras la publicación por un término de tres días en diario de circulación nacional de este edicto.
Fuentes del Órgano Judicial (OJ) informaron que ya el despacho del magistrado Olmedo Arrocha, quien es el ponente de la demanda, recibió la opinión del procurador Luis Carlos Gómez.
Ya Gómez había externado su criterio sobre el contrato suscrito entre PPC y el Estado panameño dentro de una demanda de inconstitucionalidad presentada por los abogados Julio Fidel Macías y Norman Castro.
En la demanda presentada por Macías y Castro, que tiene como ponente a la magistrada Ángela Russo, el procurador Gómez consideró que el contrato suscrito entre PPC y el Estado era inconstitucional, ya que violaba al menos 15 artículos de la Carta Magna.
En esa ocasión Gómez alegó que al negociar el contrato se acordó indebidamente transferir derechos privativos del Estado, incidiendo esto en el bienestar social y el interés público, por lo que se afectó la libre competencia, y que, además, se permite a la empresa la explotación de áreas distintas a la concesionada.
La Sala Tercera de la Corte también tramita una demanda de nulidad contra la prórroga dada a PPC para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.
La demanda de nulidad, presentada por el abogado Roberto Ruíz Díaz, pretende que se declaren nulas las nota ADM-1123-062021- DGPIMA-CON de 28 de junio de 2021 y la certificación SG No. 021-062021 también de 28 de junio de 2021 expedidas por la AMP, en las que se le concedió la prórroga automática para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal a PPC por un lapso de 25 años.
La Contraloría también ordenó una auditoría de las operaciones y pagos realizados por PPC a raíz del contrato otorgado para la operación de Cristóbal y Balboa.
