El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró que es inconstitucional el contrato suscrito entre el Estado y la empresa Panama Ports Company (PPC), al resolver una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el contralor general de la República, Anel Flores.
En horas de la noche de este jueves 29 de enero de 2026, se informó que la decisión del Pleno de la Corte fue unánime y el magistrado ponente fue Carlos Villalobos.
PPC, que es filial del consorcio hongkonés CK Hutchison, tiene la concesión para administrar los puertos de Balboa (Panamá) y Cristóbal (Colón).
El contralor presentó la demanda por inconstitucional el pasado miércoles 30 de julio, junto a una demanda ante la Sala Tercera de la Corte, en la que solicita la nulidad del contrato de concesión suscrito entre el Estado y PPC en 1997, durante la administración de Ernesto Pérez Balladares.
Las acciones legales se sustentan en los hallazgos de una auditoría practicada a la empresa, en la que —según Flores— se documentaron prácticas lesivas para los intereses nacionales.
Con anterioridad, el 3 de febrero de 2025, los abogados Julio Fidel Macías y Norman Castro habían presentado una primera demanda de inconstitucionalidad del contrato, por lo que el Pleno decidió acumularlas.
En una opinión vertida por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez el pasado 19 de febrero del 2025, dentro de la demanda de Macías y Castro, estimó que el citado contrato entre PPC y el Estado era inconstitucional.
En esa ocasión Gómez consideró que la cláusula 2.1 del contrato que permite a PPC la explotación de estructuras distintas a las concesionadas vulnera los artículos 1, 2, 19, 32, 50, 159 y 29 de la Constitución, ya que se entregan terrenos para la operación de una extensión futura de ese centro portuario.
Negociaciones entre Hutchison y BlackRock
Cabe recordar que los puertos de Balboa y Cristóbal están dentro de un proceso de venta de puertos por parte de Hutchison a la firma de inversiones estadounidense BlackRock. Este acuerdo de venta está estancado.
En marzo de 2025, Hutchison había informado que había llegado a un principio de acuerdo para vender la administración de unos 43 puertos, en diferentes partes del mundo, a BlackRock, incluyendo los puertos panameños de Balboa y Cristóbal. Para esa fecha, la transacción estaba valorada en cerca de 23 mil millones de dólares.
El 15 de agosto de 2025, Víctor Li, presidente de CK Hutchison, confirmó que la venta de los activos portuarios de este conglomerado con sede en Hong Kong, se retrasaría hasta 2026 debido a la “elevada incertidumbre geopolítica”.
El gobierno chino ha presionado para que en la operación se incluya a un socio de ese país, lo que daría entrada a Cosco Shipping, mientras que la naviera francesa CMA CGM también ha mostrado interés en las concesiones panameñas.
Estas negociaciones empezaron en medio de las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una supuesta “intromisión de China en el Canal de Panamá”, situación que ha sido negada reiteradamente por el gobierno de Panamá, el cual ha afirmado la soberanía sobre el Canal que administra desde hace más de 25 años, además de la neutralidad de la ruta.
Los cuestionamientos de la administración Trump también están dirigidos a la presencia del consorcio hongkonés en dos puertos panameños: Balboa y Cristóbal.
