El pleno de la Corte Suprema de Justicia en su sesión del pasado jueves 19 de enero rechazó de plano un recurso de recusación contra nueve miembros de esa corporación de justicia que fuera presentado por la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Zulay Rodríguez dentro de un proceso que se le sigue por varios tipos penales.
Bajo la ponencia de la magistrada, Miriam Yadira Cheng Rosas, el pleno de la Corte declaró improcedente el recurso presentado por Rodríguez, tomando como fundamento lo dispuesto en el artículo 55 Código Procesal Penal, ya que la diputada había hecho gestiones judiciales dentro del proceso antes de presentar el incidente de recusación, lo que -a juicio de los magistrados- lo hace improcedente.
La diputada alegó que presentó el escrito de recusación por una manifiesta enemistad entre su persona y todos los magistrados.
Fuentes del Órgano Judicial precisaron que el recurso se presentó dentro de una denuncia contra la diputada por la presunta apropiación de unas láminas de oro.
El caso tiene su génesis en una denuncia presentada por Diana Clemencia Ríos Cardona, esposa de José Luis Penagos Hernández (Q. E. P.D.), quien en 2009 fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando se encontraba en tránsito hacia Colombia.
Se le decomisaron varias planchas de oro bajo el argumento que no había sido declaradas. Los lingotes, según las autoridades, tenían rastros de metanfetaminas.
En 2013 Penagos contrató a Rodríguez para reclamar el oro, pero al final del proceso judicial el colombiano acusó a su entonces abogado de haberse apropiado de las 66 kilos de oro.
El Ministerio Público remitió la denuncia a la Corte, en donde se encuentra en trámite.
En la denuncia presentada por Ríos y David Penagos, hijo del fallecido empresario mexicano, establece que la supuesta existencia de elementos de convicción suficientes para también iniciar una investigación criminal en contra Rodríguez.
Por ello, Penagos hijo solicitó que, una vez se deslinden las investigaciones en contra de los denunciados, se procediera a remitir los documentos pertinentes a la Corte, tribunal al que le corresponde investigar a los diputados.
La denuncia, presentada en el 21 de febrero del 2022, también se mencionaba al abogado Rafael Araúz, en su momento socio de la diputada Rodríguez.
Los denunciantes señalan la supuesta comisión de los delitos contra el patrimonio económico, en su modalidad de hurto con abuso de confianza producto de la prestación de servicios; contra el patrimonio económico, en su modalidad de delitos de blanqueo de capitales.
