La Comisión de Estado por la Justicia instaló una mesa de trabajo para analizar propuestas con el propósito de adecuar el perfil de los aspirantes a ocupar el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, específicamente la vacante que dejará José Ayú Prado en la Sala Penal, el próximo 31 de diciembre.
Rigoberto González, coordinador de la Comisión de Estado por la Justicia, explicó que esta mesa busca definir nuevas metodologías para la evaluación de los aspirantes al puesto y tendrá en cuenta una serie de recomendaciones efectuadas por por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), que sugirió establecer un procedimiento que permita calificar a los candidatos.
Ayú Prado culmina período de 10 años en la Corte Suprema
José Ayú Prado fue designado como magistrado de la Corte Suprema de Justicia el 8 de diciembre de 2012 por el entonces presidente, Ricardo Martinelli, y ratificado por la Asamblea Nacional el 28 de diciembre de 2012, para un período de 10 años que culmina el próximo 31 de diciembre.
La persona que lo reemplazará será el sexto magistrado nombrado por el presidente Laurentino Cortizo.
Integrantes
La mesa de trabajo está integrada por el diputado independiente Juan Diego Vásquez, en representación de la Asamblea Nacional; Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia; Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados; y el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc. El grupo deberá presentar a la Comisión de Estado por la Justicia recomendaciones relacionadas con el proceso de evaluación.
Reunida ayer miércoles 4 de mayo, la Comisión de Estado por la Justicia también acordó que analizará, en el seno de la recién creada mesa de trabajo, ampliar de 10 a 15 días el plazo para que los aspirantes presenten sus documentos.
El diputado Juan Diego Vázquez opinó que las recomendaciones que haga la Comisión de Estado por la Justicia para la selección de los magistrados de la Corte deben ser mucho más específicas y no tan generales, como las ha presentado hasta ahora.
Dijo que es necesario que la comisión sea más proactiva al delimitar el perfil de los aspirantes a magistrados de la Corte y, sobre todo, el de aquellos que buscan una vacante en la Sala Penal, dado que ésta es una de las jurisdicciones que más procesos registra en el país. Lee, por su parte, estimó que el mecanismo de una evaluación previa de los aspirantes ha dado buenos resultados.
El pasado 20 de abril, el Consejo de Gabinete autorizó al vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, a efectuar la convocatoria para llenar la vacante que se abrirá en la Sala Penal de la Corte, y a su respectivo suplente.
