El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales retomó este viernes 6 de marzo el juicio contra nueve personas imputadas por el presunto delito de peculado.
El proceso examina posibles sobrecostos en los contratos para remodelar el Casco Antiguo y ampliar la avenida Domingo Díaz, dos proyectos vinculados a la trama de corrupción de Odebrecht. En ambos, la constructora brasileña se asoció con la española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).
Fiscal Ruth Morcillo, junto al equipo del Ministerio Público, llega al juicio contra nueve personas por supuesto peculado en la remodelación del Casco Antiguo y la ampliación de la avenida Domingo Díaz, en otro caso vinculado a Odebrecht.
— La Prensa Panamá (@prensacom) March 6, 2026
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Hermetismo
La juez Águeda Rentería dirige la audiencia a puerta cerrada en el edificio anexo al Palacio Gil Ponce, sede del Órgano Judicial, en Ancón. Durante la jornada matutina, el tribunal escuchó a un testigo convocado por el abogado de uno de los imputados, quien ha explicado aspectos técnicos del proceso de contratación.
Esta fase resulta clave para la estrategia de la defensa, que busca desacreditar los hallazgos de una auditoría de la Contraloría General de la República, que detectó presuntos sobrecostos en ambas obras.
Para ello, los testigos han expuesto criterios técnicos relacionados con los precios de materiales y las complejidades logísticas de ejecutar trabajos en zonas históricas.
La fiscal superior Ruth Morcillo llegó a la sede judicial a las 8:40 a.m. de este viernes, para sostener la acusación del Ministerio Público. La Fiscalía Especial Anticorrupción sustenta su teoría del caso en la auditoría de la Contraloría que calculó un supuesto perjuicio económico al Estado.
El presunto daño patrimonial asciende a $51.4 millones en el proyecto del Casco Antiguo y a $47.3 millones en la ampliación de la avenida Domingo Díaz.
La postura de la defensa
Rosendo Miranda, abogado del acusado Federico José “Pepe” Suárez, que fue ministro de Obras Públicas en los dos primeros años del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), se mostró confiado en que los testimonios de esta etapa permitirán aclarar decisiones administrativas que, a su juicio, la fiscalía interpreta erróneamente como actos delictivos.
“Un grupo de 10 personas enfrentó restricciones de su libertad y medidas cautelares severas. Mi cliente sufrió detención preventiva. Eso dista de ser justicia, pero confiamos en encontrar la verdad en este estrado”, declaró Miranda antes de ingresar a la sala.
Además de Suárez, también están acusados Jorge “Churro” Ruiz, María González, Gonzalo de la Rosa, León Halphen, Héctor Castillo, Juan Manuel Vásquez y Sergio Del Sour.
Ruiz fue administrador de proyectos especiales en el MOP cuando Suárez era ministro. Ya cumplió una pena de 72 meses de prisión por su participación en el caso Blue Apple, sobre sobornos a contratistas del Estado. Por este caso, Suárez también fue condenado a una pena de 158 meses de prisión y al pago de una multa de $27.4 millones.
Suárez también fue enjuiciado por el caso de los sobornos de Odebrecht y está a la espera de conocer la sentencia de la juez penal Baloisa Marquínez.
