Cuatro incidentes de nulidad presentados por abogados defensores buscan descarrilar el proceso seguido al exministro de Obras Públicas, Federico Pepe Suárez, y a otras 14 personas acusadas de la presunta comisión de peculado por sobreprecios en proyectos asignados a la empresa española Fomento de Construcciones y Contratos (FCC).
Durante la audiencia intermedia, que se inició el pasado lunes, varios abogados defensores presentaron escritos alegando que la fiscalía había violado el debido proceso, ya que se excedió en el término de investigación y no solicitó autorización al juzgado para continuar investigando.
También señalaron que el informe de auditoría utilizado por la fiscalía para formular cargos a sus clientes no establece una lesión patrimonial en perjuicio del Estado.
Tras tres días de audiencia, concluyó la fase de alegatos. Ahora, la jueza primera liquidadora de causas penales, Águeda Rentería, se acogió al plazo de 30 días para decidir si llama a juicio a los procesados.
A la vez, detallaron que el Ministerio Público contrató los servicios de un auditor externo que inició su labor sin haber sido nombrado oficialmente, lo que —según los defensores— “constituye una grave violación al debido proceso”.
En tanto, Rosendo Miranda, defensor del exministro Suárez, alegó que los cargos imputados a su cliente carecen de fundamento, ya que en ningún momento se ha probado que incurriera en malos manejos de fondos ni que inflara el monto de los contratos para la realización de las obras, las cuales —aseguró— fueron recibidas conforme.
Por su parte, Basilio González, abogado de Mauricio Cort, afirmó que su cliente únicamente prestó servicios profesionales como abogado y que se le intentó vincular a una trama de peculado cuando no era servidor público.
González sostuvo que las múltiples violaciones al debido proceso por parte de la fiscalía, como excederse en el término de investigación, demuestran que este es “un caso nulo”.
Jueza tendrá 30 días para decidir sobre juicio
Finalizada la fase de alegatos −lo que ocurrió este miércoles− la jueza primera liquidadora de causas penales, Águeda Rentería, se acogió al término de 30 días para determinar si llama a juicio a los procesados.
Cabe recordar que, en el desarrollo de esta audiencia, la juez Rentería no admitió ayer, martes, cuatro incidentes de prescripción de la acción penal por peculado, presentados por las defensas.
En cuanto al delito de corrupción de servidores públicos, la juez declaró prescrita la acción penal respecto a dos de los imputados.
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El lunes pasado, la fiscal Ruth Morcillo solicitó el llamamiento a juicio de 14 de los 15 imputados, entre ellos las sociedades Fomento de Construcciones y Contratas, y FCC Construcción. También pidió un sobreseimiento provisional para Crecencio Pomares, al ser mencionado únicamente en uno de los proyectos.
Otros implicados son Juan Manuel Vásquez, María Eugenia González, León Emilio Halphen y Héctor Castillo, quienes integraron la comisión evaluadora que revisó las propuestas de varias empresas y favoreció la adjudicación de los contratos a FCC. También figuran Julio Casla, Eugenio Del Barrio, Sergio Fernando Del Sour y Avelino Acero.
Entre los años 2009 y 2014 (periodo correspondiente a la administración del expresidente Ricardo Martinelli), el MOP adjudicó a FCC los contratos para la construcción de los corredores vía Brasil, tramos I y II, así como la remodelación de la vía Domingo Díaz y el proyecto de rehabilitación del Casco Antiguo.
Una auditoría de la Contraloría General de la República detectó sobrecostos en las obras, por lo que envió la información al Ministerio Público para que iniciara la investigación.
