Héctor Brands, exdiputado y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), es el más reciente rostro de los funcionarios de alta jerarquía del pasado gobierno en entrar al escrutinio de los tribunales.
El pasado miércoles quedó detenido mientras se le investiga por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.
Investigados por enriquecimiento injustificado y blanqueo
Su caso se suma al de Bernardo Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), quien también permanece detenido mientras se le procesa por supuesto enriquecimiento injustificado, peculado y blanqueo de capitales.
Meneses, quien administró cientos de millones de dólares en becas y auxilios económicos, está envuelto en una trama que el Ministerio Público vincula a presuntos desvíos de fondos públicos y al uso de estructuras para apropiarse de dinero estatal. En este expediente hay 22 imputados, entre ellos exfuncionarios de la entidad y personas que recibieron auxilios económicos.
Ambos procesos, aunque distintos en origen, consolidan una misma fotografía: el gobierno 2019-2024, encabezado por Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), dejó una estela de altos funcionarios sometidos a investigaciones penales por la forma en que administraron recursos públicos.
Auditorías, fondos discrecionales, escándalos
La lista continúa. Otro exfuncionario bajo la mirada de la justicia es Luis Oliva, quien dirigió la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental durante la pandemia de la covid-19, periodo en el que la administración de Cortizo destinó miles de millones de dólares en vales y auxilios supuestamente dirigidos a la población más necesitada.
Oliva tiene impedimento de salida del país y debe reportarse los días 14 y 28 de cada mes ante las autoridades, a raíz del proceso por presuntas irregularidades en la operación de la plataforma que gestionó los pagos del Vale Digital durante la pandemia.
Este caso también involucra al empresario Buddy Attie, quien celebró millonarios negocios con el Estado en el quinquenio pasado.
Ruidosos secuestros
Otros expedientes aún permanecen en la esfera de la Contraloría General de la República, que ha congelado cuentas por supuesto enriquecimiento injustificado. Es el caso, por ejemplo, del exvicepresidente y hombre de confianza de Cortizo, José Gabriel Carrizo, y del exalcalde del Municipio de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla.
En octubre de este año, la Contraloría ordenó el secuestro de al menos ocho cuentas bancarias, vehículos, cuentas por cobrar y bienes inmuebles vinculados a Carrizo, como parte de una investigación administrativa por presunto enriquecimiento injustificado.
Algo similar ocurrió con Valdés Carrasquilla, a quien se le cautelaron bienes por un monto de $285,845.82. A él se le vincula con inconsistencias detectadas en los ingresos recaudados por el Municipio de San Miguelito, específicamente en la agencia ubicada en Metro Mall, ocurridas entre marzo y abril de 2022, que afectaron el patrimonio público municipal.
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Alex Lee, Raúl Pineda
Varios directores y administradores de instituciones estratégicas han sido objeto de auditorías y pesquisas abiertas por el Ministerio Público. En todos los casos, el denominador común es el manejo discrecional de fondos y contratos sin trazabilidad suficiente, entre otras anomalías.
Otro miembro del club de los procesados del PRD es el exalcalde de Colón y exrepresentante del corregimiento de Barrio Sur, Alex Lee. A él se le investiga por la presunta comisión del delito de peculado por la pérdida de varios carros de lujo que la Dirección de Bienes Patrimoniales le entregó en custodia. A raíz de este proceso tiene que reportarse periódicamente ante las autoridades judiciales.
Cuando el nuevo alcalde de Colón, Diógenes Galván, asumió el puesto, no encontró los 28 carros que le habían sido entregados al municipio para su uso. Algunos de estos vehículos aparecieron con el tiempo y luego de denuncias.
Lee también mantiene otro proceso por peculado en perjuicio de la Junta Comunal de Barrio Sur. El político perredista habría malversado $214 mil durante el periodo 2009-2014, producto de una partida que le dio el Ministerio de Economía y Finanzas para asuntos sociales. La pesquisa revela que entregaba cheques a personas naturales y jurídicas sin ningún documento.
Aunque no ocupó un cargo formal en el gobierno pasado, el diputado Raúl Pineda, miembro de la cúpula del Partido Revolucionario Democrático y una de las figuras que tuvo con mayor influencia en el quinquenio 2019-2024, también tiene cuentas pendientes con la justicia. La Corte Suprema de Justicia, competente para investigar a los diputados, deberá decidir si lo procesa como consecuencia de la operación Jericó, un caso de crimen organizado y blanqueo de capitales en el que también está implicado su hijo, Rico Pineda.
Descentralización paralela y la ola de casos en gobiernos locales
El círculo se completa con el grupo de personas que en el quinquenio pasado se beneficiaron de la llamada descentralización paralela. Hasta principios de noviembre pasado, 36 representantes y exrepresentantes de corregimiento, así como extesoreros y otras figuras de gobiernos locales, habían sido imputados por la presunta comisión del delito de peculado. La mayoría de los investigados son del PRD.
Hay más historias. También hay varios exfuncionarios procesados por el caso de la desaparición de las vigas del Ministerio de Obras Públicas, al igual que por la compra irregular de perforadoras para el Ministerio de Salud.
Para el PRD, que intenta reorganizarse tras la derrota electoral de mayo de 2024, estos casos representan algo más que un golpe a su imagen. Son el recordatorio de un quinquenio salpicado por escándalos en la Asamblea, escándalos por el manejo de los fondos de descentralización y controversias en torno al uso de programas sociales que, según las investigaciones, pudieron haber servido para beneficiar a operadores políticos y allegados al poder.
