Una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 376 del 31 de marzo de 2023 que permite a los representantes de corregimiento y alcaldes escoger cuál salario quieren recibir si la momento de ser electos ya tenían un cargo público fue presentada este lunes ante la Corte Suprema de Justicia por el abogado Ernesto Cedeño.
La demanda plantea que los artículo 1 y 2 de la Ley 376 viola directamente el artículo 19 de la Constitución, debido a que establece un distinción legal a favor de un solo tipo de ciudadanos, los que pertenecen a los gobiernos locales.
El recurso señala que el artículo 1 de la citada norma permite que aquellos alcaldes y representantes, que al momento de su elección ya tienen un cargo público, escojan cuál de los dos salarios quieren recibir: el que les corresponde en el gobierno local o el que cobran como servidor en alguna entidad, lo que implica un trato favorable para este grupo de personas, en detrimento de otras.
También plantea que en un fallo del pasado 5 de julio del 2012 la Corte Suprema de Justicia señaló que no habrá fueron ni privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas y que el Estado tiene la obligación de eliminar los tratos discriminatorios que existan entre los grupos que se encuentran en ventaja, y aquellos que por una determinada cicunstancia, está en una situación desventajosa.
Esa Ley fue sancionada por el presidente Lauretino Cortizo el pasado 31 de marzo.
