La magistrada presidenta María Eugenia López reconoció que la desconfianza en el sistema judicial es uno de los principales obstáculos a superar para lograr una administración de justicia eficiente.
Durante un acto de rendición de cuentas y transparencia sobre la gestión de los años 2024-2025, López afirmó que solo a través de la transparencia, la efectividad judicial y la preparación de jueces, magistrados y personal judicial podrá superarse esa desconfianza.
Recientemente el Órgano Judicial ha estado en el centro de las críticas por la aprobación de aumentos salariales para magistrados de la Corte y el intento frustrado de establecer una jubilación especial para jueces y magistrados a costa del presupuesto general del Estado.
López Arias explicó que la resolución efectiva y oportuna de los casos es un instrumento clave para evaluar la eficiencia del sistema de justicia. Añadió que otro factor esencial para generar confianza es garantizar el acceso de los ciudadanos al sistema judicial, sin importar su condición económica o social.
Recalcó, además, la necesidad de un marco legal estable y claro que permita a los ciudadanos conocer sus derechos y obligaciones, y que asegure a los administradores de justicia la aplicación justa de las normas.
Magistrado Abel Zamorano, presidente del Consejo de Administración de la Carrera Judicial.https://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/suw5wHLjJU
— La Prensa Panamá (@prensacom) September 16, 2025
Cifras del Órgano Judicial revelan que en los últimos cinco años se gestionaron 821 mil casos, de los cuales se resolvieron 763 mil, lo que representa un 93% de descongestión procesal y una reducción del 30% del rezago judicial.
En este mismo período, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió 7 mil procesos: un 62% correspondió a amparos de garantías constitucionales, 15% a habeas corpus, 11% a demandas de inconstitucionalidad, 7% a habeas data y 6% a asuntos penales.
Los datos indican que entre 2021 y 2025 la Corte Suprema atendió 26 mil 631 nuevos procesos, todos resueltos en su totalidad.
Por su parte, el magistrado Abel Zamorano, presidente del Consejo de Administración de la Carrera Judicial, informó que la implementación de la carrera judicial ha alcanzado un 60%, pendiente únicamente del nombramiento de 102 jueces del Sistema Penal Acusatorio, entre ellos jueces de garantías, de juicio y de cumplimiento. Estos deberán cumplir un período probatorio de cuatro meses antes de ingresar formalmente a la carrera judicial.
Zamorano recalcó que uno de los aspectos centrales de la carrera judicial es la evaluación del desempeño, mecanismo que permite verificar la calidad del trabajo de los funcionarios. Además, anunció que desde enero pasado se implementó un escalafón judicial para regular los ascensos de jueces y magistrados, considerando factores como la antigüedad, la especialidad, la ausencia de sanciones disciplinarias y la jurisdicción.
Reconoció que, en un inicio, la falta de recursos económicos limitó el avance de la Ley 53 de 2015, que regula la carrera judicial, lo que influyó en la celeridad del proceso. No obstante, destacó que hasta ahora se han logrado resultados positivos.
En julio de 2022, el Órgano Judicial implementó el proceso de evaluación de jueces y magistrados, aprobado por el Consejo de Administración de la Carrera Judicial. Este proceso, pilar fundamental de la Ley 53 de 2015, contempla un sistema de puntajes para medir el desempeño. El reglamento dispone que quienes no alcancen un puntaje mínimo del 70% tendrán un impedimento temporal para traslados o ascensos; si no mejoran en el siguiente período consecutivo, perderán su condición de servidores de la carrera judicial.
