El juez de garantías Mike Zúñiga ordenó la detención del empresario Javier De Jesús Díaz, Stanley Leonard Brayan y las exfuncionarias Cristin Porras y Katiuska Escobar por la presunta comisión del delito contra fe pública, relacionado con irregularidades en la emisión y tramitación de créditos fiscales, aparentemente falsos en perjuicio de la Dirección Nacional de Ingresos (DGI)
En una audiencia celebrada este viernes, en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, el juez Zúñiga dispuso aplicar la medida de detención provisional para implicados, por tratarse de un delito grave y el riesgo de destrucción de pruebas.
En el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía Anticorrupción aportó una serie de evidencias que vinculan a los imputados con la alteración de documentos para la obtención de créditos fiscales a favor de empresas inexistentes.
El pasado viernes, la fiscalía logró la aprehensión de una tercera exfuncionaria presuntamente implicada en el esquema de fraude.
La fiscalía mantiene otras cinco investigaciones contra esta red criminal, que habría afectado a dos importantes empresas aseguradoras de la localidad y que se han convertido en parte del proceso.
La actual administración de la DGI habría informado sobre irregularidades en créditos fiscales, relacionadas con la creación de documentos fraudulentos y la investigación de exfuncionarios por delitos como peculado, blanqueo de capitales y falsificación de documentos. Estos casos involucran la autorización de créditos a empresas sin los requisitos necesarios.
Los imputados fueron detenidos el pasado jueves en operativos desarrollados en un apartamento del PH Windrose, ubicado frente a la iglesia San Francisco de la Caleta, en Coco del Mar y Panamá Oeste.
Según las investigaciones, uno de los imputados se hacía pasar por abogado para realizar gestiones ante la DGI y para tramitar los créditos fiscales.
Las autoridades estiman que se trata de una red criminal organizada que ideó un esquema para defraudar al Estado mediante de la tramitación de los créditos fiscales.
La fiscalía no descarta nuevas diligencias para dar con el paradero de otros presuntos implicados en este esquema delictivo. Hasta el momento, las autoridades no han cuantificado el monto del perjuicio ocasionado.
La Fiscalía Anticorrupción también mantiene una investigación contra otras seis personas, entre ellas funcionarios de la DGI, que se dedicaban a eliminar deudas millonarias a contribuyentes a cambio de dinero.
En este último caso, la fiscalía logró la condena para dos de los investigados, quienes aceptaron acuerdos de pena por 60 y 48 meses de prisión.
