El fiscal de la Operación Jericó pidió endurecer las medidas cautelares para cuatro de los investigados; conoce las razones aquí

El cerco se estrecha y el fiscal de drogas Joseph Díaz solicitó a los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones endurecer las medidas cautelares para cuatro imputados por el delito de conspiración para realizar actividades relacionadas con drogas, detenidos en la Operación Jericó.

Durante una audiencia que se celebró ayer lunes 2 de septiembre, Díaz pidió a las magistradas Greta Marchosky, Yiles Pittí y Yanelka Quijano, que revoquen las medidas cautelares otorgadas a Ismael Martínez, Kerime Andrea Zúñiga, Militza Rodríguez y Neryethe Jaén Cherigo, y que se les detenga provisionalmente. Actualmente algunos de ellos tienen arresto domiciliario o notificación periódica ante las autoridades.

A juicio de la fiscalía, todos ellos participaron activamente en la red de tráfico de drogas desmantelada en Jericó. Así expuso elementos que los vinculan con la investigación. El fiscal destacó nexos con decomisos de droga, planes para ocultarla en carros con doble fondo, el uso de una billetera digital para pagar a los mochileros que la transportaban, y una boutique para blanquear dinero.

Decomiso de droga en febrero

Sobre el caso de Ismael Martínez, quien tiene arresto domiciliario, el fiscal sustentó que existen “indicios graves” que lo vinculan con el decomiso de 600 kilos de cocaína, dos fusiles AK-47 y una pistola, incautados durante un operativo policial en el río Juan Díaz realizado en agosto de 2023. También se le relaciona con el decomiso de 158 paquetes de cocaína el 26 de febrero de 2024 en San Miguelito, caso en el que también se vincula a José Mackenzie, otro de los imputados.

Sin embargo, Abdiel Sánchez, abogado de Martínez, refutó estas acusaciones. Sustentó que su cliente no fue detenido durante esas operaciones y que no fue hasta varios meses después que se intentó vincularlo con estos hechos.

También alegó que al momento del arresto de su cliente no se le decomisó ni droga ni dinero y que además no tiene antecedentes criminales.

El taller y los carros con doble fondo

La fiscalía también solicitó revocar la medida de notificación periódica otorgada a Kerime Andrea Zúñiga, debido a su vinculación con Francisco Serrano, uno de los presuntos cabecillas de la red criminal. Ellos, siempre según la fiscalía, habrían planeado ocultar droga en un taller mecánico en San Miguelito, donde preparaban carros con doble fondo para el transporte de la sustancia ilícita.

Estas acusaciones fueron refutadas por su abogado, Génaro López, quien argumentó que la medida cautelar aplicada a su cliente era justa, ya que no se pudo probar que mantenía una participación activa en la supuesta red criminal investigada por la fiscalía.

La transferencia para pagar a los mochileros

A su vez, el fiscal Díaz también solicitó revocar la medida cautelar de notificación periódica aplicada a Militza Rodríguez, a quien se atribuye un vínculo directo con Edwin Martínez. La fiscalía afirmó que Rodríguez tenía pleno conocimiento de las actividades realizadas por Martínez y que facilitaba su cuenta de Yappy para enviar pequeñas sumas de dinero que se usaban para pagar a las personas que movían la droga en el área de Tortí, Chepo, y a los mochileros que traían la droga por las montañas de Darién.

Sin embargo, Mariela Melgar, abogada de Rodríguez, argumentó que su cliente trabaja en el Ministerio de Salud, es una persona sin antecedentes penales, y que la fiscalía no pudo probar su relación con actividades de conspiración para traficar drogas.

¿Una boutique para blanquear dinero?

El fiscal Díaz también solicitó revocar la medida cautelar de notificación periódica aplicada a Neryethe Jaén Cherigo, a quien se vincula con la detención de un auto con doble fondo en el área de Tocumen. Además, le atribuyó mantener vínculos con Juan Chérigo, alias “Coya”, uno de los presuntos cabecillas de la red criminal.

Díaz explicó que Jaén movía parte del dinero ilícito a través de la boutique Bizcochito Fashion. No obstante, su abogado, Alfonso Montoya, refutó estas acusaciones y señaló que a su clienta no se le menciona en ningún decomiso de droga. Agregó que la medida cautelar aplicada por el juez de garantías a su clienta demuestra que no tuvo participación en ilícito alguno.

En la tarde, los abogados de la defensa presentaron mociones a las magistradas del Tribunal Superior de Apelaciones para el cambio de medidas cautelares al resto de los 21 imputados que permanecen detenidos, quienes pudieron seguir la audiencia a través de video. La audiencia se reanudó este martes 3 de septiembre.

La Operación Jericó cobró relevancia porque uno de los investigados por la supuesta comisión de blanqueo de capitales es Abraham Rico Pineda, hijo del diputado perredista Raúl Pineda. Rico Pineda está en una celda de la cárcel La Nueva Joya, mientras se investiga el caso.

Juan Manuel Díaz

Reportero de Judiciales