Los magistrados Olmedo Arrocha y Carlos Vásquez se perfilan como favoritos para suceder en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia a la magistrada María Eugenia López Arias, quien concluye dos períodos consecutivos al frente de esta corporación.
Arrocha, nombrado magistrado durante la administración del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), ha sido uno de los principales impulsores de la implementación del nuevo Código Procesal Civil, que entró en vigencia el pasado 11 de octubre mediante la Ley 402, y que busca reducir los tiempos de tramitación de los procesos en esa jurisdicción.
En ese sentido, Arrocha ha señalado que el principal desafío del nuevo sistema es eliminar el rezago judicial que afecta a los despachos de la jurisdicción civil. La reforma procura agilizar los procesos mediante audiencias orales, en las que el juez mantiene contacto directo con la causa, lo que permitiría mayor celeridad y eficiencia en la resolución de los casos.
Vásquez se desempeña en la Sala Tercera Contencioso Administrativa y Laboral y preside la Comisión de Reforma y Modernización de esta jurisdicción, con el objetivo de acelerar el trámite de los procesos.
Fuentes de la Corte Suprema de Justicia señalaron que la magistrada Ariadne García también habría manifestado interés en ocupar la presidencia del máximo tribunal.
García fue designada como magistrada durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024) y forma parte de la Sala Penal, al igual que Maribel Cornejo Batista y López Arias.
La elección del nuevo presidente de la Corte estará marcado por la presencia de dos nuevos magistrados: Gisela Agurto Ayala, quien reemplazó en la Sala Tercera al magistrado Cecilio Cedalise, y Carlos Villalobos Jaén, quien asumió en la Sala Civil en reemplazo de Ángela Russo. Ambos fueron designados por José Raúl Mulino el año pasado.
De acuerdo con las fuentes consultadas, la magistrada Agurto cuenta con reconocimiento dentro del Pleno de la Corte, al tratarse de una funcionaria de carrera del Órgano Judicial y por haberse desempeñado previamente como magistrada suplente en la Sala Tercera.
La mayoría simple decide
Más allá de los nombres que se perfilan, la designación del nuevo presidente de la Corte sigue un procedimiento interno claramente definido. El presidente es elegido por el Pleno de los nueve magistrados. El proceso se realiza mediante una sesión formal del Pleno, en la que los magistrados pueden postularse a sí mismos o proponer a otros colegas para el cargo.
La elección se define por mayoría simple de votos —es decir, al menos cinco de los nueve magistrados— y el cargo se ejerce por un período de dos años, conforme a lo establecido en el Código Judicial.
El presidente de la Corte es la máxima autoridad administrativa y representativa del Órgano Judicial. Entre sus funciones están presidir las sesiones del Pleno, coordinar la agenda institucional, representar a la Corte ante los demás órganos del Estado y supervisar la gestión administrativa del sistema judicial.
Además, el presidente también preside una de las salas de la Corte, participando activamente en la función jurisdiccional, lo que le permite combinar la conducción institucional con la toma de decisiones judiciales en casos concretos.
El Pleno de la Corte está integrado por nueve magistrados, entre ellos Miriam Yadira Cheng Rosas y María Cristina Chen Stanziola, y presenta una mayoría femenina de seis integrantes en la composición actual del máximo tribunal.
Una administración controversial
Durante la administración de María Eugenia López, la Corte Suprema de Justicia estuvo en el centro de la polémica debido a varias decisiones, entre ellas la aprobación de un fondo de jubilación que permitía a los magistrados retirarse con el 100% de su salario.
Sin embargo, tras la presión ciudadana, el Pleno de la Corte decidió suspender el Decreto N.° 407 del 18 de julio de 2024, que daba sustento a esta medida.
Previamente, el 8 de enero de 2024, los magistrados aprobaron un ajuste salarial de $4,000, elevando sus ingresos mensuales a $14,000, lo que luego fue señalado como antecedente del cuestionado plan de retiro.
López también recibió críticas tras la intención de alquilar un vehículo blindado para su movilización, luego de que el 31 de enero de 2025 una bala impactara uno de los ventanales de su despacho. El hecho dio origen a una investigación del Ministerio Público para determinar si se trató de un atentado o de una bala perdida. Posteriormente, el Órgano Judicial gestionó el alquiler del vehículo blindado.
Entre los aspectos positivos de la gestión de López se cuentan la implementación del Código Procesal Civil, el incremento del presupuesto operativo del Órgano Judicial, la construcción de nuevos juzgados en áreas remotas y los avances en la carrera judicial.
Cifras oficiales del Órgano Judicial indican que en los últimos cinco años se gestionaron 821,000 casos, de los cuales 763,000 fueron resueltos, lo que representa un 93% de descongestión procesal y una reducción del 30% del rezago judicial.
Entre 2021 y 2025, la Corte Suprema atendió 26,631 nuevos procesos, prácticamente resueltos en su totalidad.
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