El lunes 23 de febrero de 2026 fue publicado en la Gaceta Oficial el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato ley que otorgó a Panama Ports Company (PPC) —filial del consorcio hongkonés CK Hutchison— la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.
Tras la oficialización de la decisión, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, afirmó en declaraciones a medios locales que respalda al Gobierno panameño y recordó que “esto es un estado de derecho”.
El diplomático, consultado luego de la publicación del fallo, señaló que se trató de “una decisión de la Corte Suprema de Justicia”.
“Por nuestra parte pensamos que esto es muy bueno para el pueblo de Panamá, eran operadores que no estaban haciendo un buen trabajo”, afirmó. Subrayó además que Estados Unidos respalda al pueblo panameño y su derecho a que el sistema judicial adopte sus propias decisiones.
Añadió que la Corte tomó su decisión como un órgano independiente. “Siempre apoyamos la democracia y a la independencia del sistema judicial, igual que el nuestro”, apuntó.
Panamá toma control de los puertos
En cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, el Gobierno Nacional, a través de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), asumió este lunes el control de los dos puertos que anteriormente operaba Panama Ports Company.
La coordinación del proceso de transición hacia el Estado panameño está a cargo del asesor presidencial Alberto Alemán Zubieta, quien junto a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, y el director de Puertos de la AMP, Max Flores, aseguró que la prioridad es garantizar la operatividad de Cristóbal y Balboa, así como la estabilidad laboral de los trabajadores.
Las autoridades se presentaron este lunes en el puerto de Balboa, donde se reunieron con abogados de la empresa portuaria para notificarles formalmente sobre la toma de control de las instalaciones.
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