Durante años, una red integrada por funcionarios, abogados, tramitadores y ejecutivos del mundo financiero habría encontrado la forma de manipular movimientos tributarios reales para convertirlos en créditos fiscales fraudulentos, que le han generado un hueco de al menos $40 millones al Estado.
¿Cómo fue que esto sucedió en las narices de la Dirección General de Ingresos (DGI), la oficina del gobierno encargada de la administración, recaudación y fiscalización de los impuestos?
Las investigaciones apuntan a que esto se habría estado desarrollando durante al menos cinco años. La trampa se descubrió en el 2024, en septiembre.
La fórmula no requería abrir una caja fuerte ni mover dinero en efectivo. Bastaba con tener acceso al sistema informático de la DGI, conocer sus vulnerabilidades y aprovechar la ausencia de controles para transformar esos pagos legítimos en créditos fiscales falsos que luego podían ser vendidos y utilizados para reducir obligaciones tributarias de quienes los compraban.
Al inicio de este periodo gubernamental, las nuevas autoridades de ingresos habrían notaron que el sistema tributario electrónico ( e-Tax ) carecía de medidas de seguridad básicas. Descubrieron que de forma intencional, se había eliminado sistemáticamente los controles de trazabilidad, permitiendo que cualquier persona con claves realizara movimientos anónimos sin dejar registro de quién, cuándo o desde dónde se accedía
Esa puerta abierta permitió que usuarios con claves de acceso pudieran modificar información tributaria sin dejar una huella clara. El sistema dejó de contar con una cadena de custodia digital capaz de determinar quién había hecho una modificación y cuándo ocurrió.
La operación se concentró principalmente en el área de cuenta corriente de la DGI, una dependencia donde se registran los pagos, saldos y movimientos de los contribuyentes. Según las investigaciones, desde allí se podían alterar los registros que luego servirían para construir créditos fiscales inexistentes.
La maniobra seguía una ruta definida. Primero, la red identificaba pagos reales efectuados por grandes empresas años atrás. En algunos casos, se trataba de transacciones con más de una década de antigüedad. Eran pagos legítimos que habían ingresado al Estado, pero que, mediante modificaciones dentro del sistema, podrían desaparecer del historial tributario del contribuyente original.
Al borrar la boleta o registro del pago, el dinero quedaba en una especie de vacío digital. Ese saldo era entonces trasladado dentro del sistema a empresas utilizadas como intermediarias, conocidas dentro de la estructura como “empresas canasta” o compañías de papel.
Con esos movimientos se creaban créditos fiscales que aparentaban tener un origen legítimo, aunque no contaban con el proceso que exige la normativa tributaria: una auditoría, una revisión formal y una resolución administrativa que reconociera el crédito.
La red habría convertido así pagos reales del Estado en activos digitales falsos que luego podían ser comercializados.
El siguiente paso era colocar esos créditos en el mercado. Empresas y entidades con obligaciones tributarias adquirían estos saldos para utilizarlos como compensación frente a la DGI y pagar menos impuestos de manera irregular.
Dentro de esta estructura aparecen ejecutivos de una institución financiera, cuya participación es investigada por la adquisición y utilización de estos créditos fiscales fraudulentos en repetidas ocasiones. Aparentemente se trataría de un patrón dentro de la red.
En otros casos, a través de sociedades fantasmas ofrecían a terceros -que no formaban parte de la red- la posibilidad de comprar créditos fiscales que aparentaban ser legítimos y que permitían reducir sus obligaciones con la administración tributaria.
La operación estaba diseñada para generar confianza. Los documentos que respaldaban los créditos incluían información que simulaba provenir de la autoridad tributaria, con resoluciones y registros que aparentaban validar su existencia.
Esa fachada de legalidad habría permitido que empresas formales adquirieron estos créditos creyendo que realizaban una operación financiera permitida y respaldada por la institucionalidad.
Estas compañías son consideradas víctimas dentro del esquema y ahora se ven obligadas a emprender acciones legales, tanto penales como civiles, contra quienes les vendieron los documentos falsos.
Hasta ahora, la investigación ha llevado a la detención de 31 personas, entre ellos abogados, exfuncionarios de la DGI y representantes del sector privado.
Este viernes 10 de julio, se convocó una audiencia ante un juez de garantías para imputar cargos a 16 personas presuntamente vinculadas a la red, quienes fueron aprehendidas el pasado miércoles como parte del operativo denominado Operación Pandora.
