La red criminal compuesta por funcionarios, abogados, contadores y particulares que operaba dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI) diversificaba sus tareas para sustraer el dinero de los contribuyentes.
Esto quedó acreditado con la declaración del exjefe de Cuentas Corrientes de la DGI, Eduardo Silvestre, quien relató a la fiscalía cómo estaba diseñada la operación para desviar los montos asignados a los créditos fiscales.
De acuerdo con la declaración de Silvestre, algunos funcionarios de la DGI con acceso a la plataforma E-Tax 2.0 se encargaban de alterar los correos electrónicos de los contribuyentes y los representantes legales de las empresas, y se los asignaban a terceras personas.
La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada pudo establecer que la red criminal tenían cuentas bancarias que utilizaban como “canastas”, en la que se depositaban los fondos sustraídos ilegalmente, que luego se depositaban en bancos de la localidad y, por último, se repartían entre los integrantes de la red.
Bonay International Holding y Bonay Investments Inc. eran las titulares de las cuentas canastas.
Bonay International Holding es una sociedad inscrita el 20 de junio de 2011 y tiene como sus directivos y dignatarios a Cira Elizabeth Marin (presidenta), Abraham Ferro Montilla (tesorero), Kelving Alexis Ríos Montilla (secretario) y Ana Chiquinquirá Mejías Puentes (subtesorera). La mayoría de estos nombres se repite en la otra sociedad: Cira Marín, presidenta; Kelving Ríos, secretario, y Abraham Ferro, director.
Las dos sociedades tienen el mismo agente residente: Apriori Abogados y Asesores, una firma creada en 2021 que tiene como socios a Jercovick Joyner y Madelaine Idalis Rojas De León.
El exfuncionario de la DGI, Eduardo Silvestre, declaró que sostenía reuniones con una tal Rina Mildred Arza en un café en la exclusiva urbanización Santa María, para discutir las cesiones de crédito que se realizarían.
La fiscalía también tuvo acceso al teléfono de Silvestre, en donde se ubicaron conversaciones de texto con funcionarios de la DGI en las que se coordinaban las cesiones de créditos fiscales.
En las comunicaciones examinadas por la fiscalía hay conversaciones sobre acreditaciones de los fondos a favor de Héctor Luna y Juan Omar Palacios, ambos funcionarios de la DGI.
La fiscalía planteó que otros funcionarios (Angelina Rodríguez, Dayra López, Elodia De León, Juana Chog, Vielka Sáez, Lupo González y Marlis Caballero) también tenían participación en la red.
La fiscalía detalló que algunos congelaban las boletas de pago de los contribuyentes y luego se las asignaban a terceros.
Karen Lorena Pitty, presidenta y representante legal de la sociedad Master Eco Green, recibió -según Silvestre- tres transferencias (por $10.8 millones, $714 mil y $10.6 millones) que totalizan más de $22.1 millones, entre 2024 y 2025. En total,
Mientras que el abogado Jercovick Joiner, de Apriori Abogados y Asesores, habría recibido dos transferencias por casi $11 millones (una por $6.9 millones y otra por $4 millones), y depositó en sus cuentas la suma de $240 mil, según las investigaciones y el testimonio de Silvestre.
También la fiscalía alegó que Cira Marín, de las sociedades Bonay Intl. Investment y Bonay Intrernational Holding, recibió transferencias por $4 millones.
Todos estos argumentos fueron expuestos este viernes 10 de julio, en una audiencia ante un juez de garantías, convocada para imputar cargos a 16 personas que son parte de la red, las cuales fueron aprehendidas el pasado miércoles como parte del operativo denominado Pandora.
