El gobierno panameño se encuentra a la espera de la notificación oficial por parte de las autoridades venezolanas sobre la decisión de extraditar a Ali Zaki Hage Jalil, sospechoso de la explosión de un avión comercial panameño en julio de 1994, que dejó 21 muertos y que ha sido vinculada a la organización chií libanesa Hizbulá.
Fuentes judiciales explicaron que la Cancillería, como conducto para la realización de este trámite, debe recibir los documentos oficiales mediante los cuales Venezuela accede a la entrega de Zaki Hage Jalil, para entonces iniciar los procedimientos formales de traslado a territorio panameño.
El tribunal venezolano validó la solicitud de Panamá con base en el principio de doble incriminación, al constatar que los delitos imputados —homicidio doloso y delitos contra la seguridad colectiva— están tipificados tanto en el Código Penal de Panamá como en el de Venezuela.
Las fuentes indicaron que, una vez concluida esta fase, se deberá comisionar a los estamentos de seguridad para su traslado físico al país, debido al perfil del investigado.
Una vez en Panamá, Ali Zaki Hage Jalil deberá ser puesto a órdenes del Órgano Judicial, que deberá fijar fecha de juicio para debatir su presunta vinculación con la explosión del avión de la empresa Alas Chiricanas, ocurrida el 19 de julio de 1994.
La Fiscalía Superior de Descarga del Ministerio Público mantiene cargos contra Mohmoud Moutan Mohammad, Mahamad Tha Moutan y Gilberto Tomás Yangüez. Los dos primeros fueron detenidos en Panamá, pero posteriormente quedaron en libertad tras la presentación de recursos legales y abandonaron el país.
El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, celebró la decisión de extraditar a Jalil. En un mensaje publicado en su cuenta de X, afirmó que esta medida representa un avance significativo y permitirá arrojar luz sobre sus presuntos vínculos con Hizbulá.
“Se espera que esta medida impulse el descubrimiento de la verdad y arroje luz sobre sus vínculos con la organización terrorista Hizbulá, que también actúa para propagar el terrorismo en América Latina y representa una amenaza no solo para Israel, el Líbano y Oriente Medio, sino para la paz del mundo entero”, expresó.
El caso fue reabierto a raíz de una solicitud formulada en agosto de 2019 por la Fiscalía Superior de Descarga de Panamá, lo que derivó en el arresto del sospechoso en Venezuela en noviembre de 2025.
El atentado, considerado el más grave en la historia del país, no dejó sobrevivientes. Entre las víctimas se encontraban empresarios de la comunidad judía establecidos en Panamá.
El atentado ocurrió un día después del ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas. Ambas acciones han sido objeto de investigaciones que han explorado posibles vínculos, incluyendo señalamientos hacia redes asociadas a Irán y a Hizbulá, debido a la cercanía temporal y al perfil de las víctimas, aunque sin que exista una conclusión judicial definitiva que establezca una conexión directa entre ambos hechos.
En 2020, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) emitió una alerta de búsqueda sobre Ali Zaki Hage Jalil, a quien consideraba una persona con información relevante sobre el atentado, en el que viajaban ciudadanos de Panamá, Israel, Estados Unidos y Colombia.
Información obtenida por la fiscalía revela que Ali Zaki Hage Jalil estuvo en Panamá antes del atentado y realizó viajes a la provincia de Colón en los días previos al hecho.
