La fiscal anticorrupción Anilú Batista ordenó el archivo provisional del expediente sobre la construcción del hospital modular en Albrook, por considerar que no se configuraron los delitos investigados: peculado y fraude en las contrataciones del Estado.
“Podemos concluir de manera fehaciente que las estructuras modulares que se encuentran dentro de la construcción del Hospital Integrado Panamá Solidario no son reutilizados”, señala la fiscal Batista, en una orden firmada el pasado 30 de junio de 2021.
Una investigación de La Prensa detectó que la empresa Smartbrix Centroamérica, S.A., introdujo 160 módulos de segunda mano procedentes de un campamento en Costa Rica, que presuntamente se utilizaron en la construcción del hospital modular. Pero la fiscalía señala que, gracias a documentación aportada por Smartbrix, pudo verificar que 152 de los 160 módulos importados de Costa Rica fueron arrendados en otras obras estatales o del sector privado. Los otros ocho módulos, estaban “demasiado deteriorados para ser remozados”, por lo que fueron descartados.
Igualmente, Smartbrix aportó a la fiscalía documentación sobre sus importaciones procedentes de China, de 2018 a 2019, que probarían que la empresa mantenía en inventario material nuevo para construir el hospital modular.
En la orden que dicta el sobreseimiento provisional (de 65 páginas), la fiscal Batista recoge unas declaraciones de Rolando Antonio Lay, director nacional de Mantenimiento del Ministerio de Obras Públicas (MOP), entidad que adjudicó el contrato directo a Smartbrix, por $6.9 millones, en las que éste se refiere al sistema contra incendio en el hospital.
“Al tratarse de una estructura temporal, se estableció la no necesidad de sistemas contra incendios en instalaciones temporales”, señala la fiscal, citando a Lay.
La fiscal también hace referencia a una nota del 23 de diciembre de 2020, en la que el procurador de la Administración, Rigoberto González, consigna que no existen méritos para iniciar una investigación, luego de examinar las denuncias presentadas por la Fundación Conciencia Ciudadana y el abogado Ernesto Cedeño, sobre posible sobrecosto, uso de materiales de segunda y concierto entre dos empresas cotizantes para presentar propuestas.
De hecho, sobre este último punto, una investigación de La Prensa reveló que dos de las tres empresas invitadas por el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, para participar como oferentes en la licitación del hospital modular, fueron donantes de la campaña del ahora presidente Laurentino Cortizo. Una de estas empresas pertenece a Jaime Ventura Cervera, hasta hace poco socio de Sabonge en algunos negocios.
