Los fiscales anticorrupción de descarga, Ariel De Gracia y Ada Almanza, solicitaron un veredicto condenatorio para los 14 imputados por los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir a través del manejo de fondos de contratos asignados al Programa de Ayuda Nacional (PAN).
En la fase de alegatos, los fiscales pidieron a la juez primera liquidadora de causas penales, Agueda Rentería, aplicar la pena máxima a los imputados por haber quedado acreditado que desviaron fondos del PAN para su provecho personal, a través de sociedades y cuentas bancarias.
Entre los imputados por el delito de blanqueo de capitales están el exjefe de proyectos del PAN Abraham Williams, el empresario Charles Sadat Bonilla (quien cumple una pena de prisión por peculado), Rosa González, Mónica Andrade, Carlos Ramos, Boris Zeballos, Pacífico González, Celia Jiménez, Alvin Araúz, Junica Ortega, Mónica Peralta, Esperanza Juárez y los hermanos Jonathan y Loreine Guardia, hijos del exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén.
Durante el juicio, que se inició el pasado martes, los fiscales lograron presentar un cúmulo de pruebas documentales y testimoniales sobre la desviación de fondos del PAN que, a su juicio, dejaron demostrada la vinculación de los imputados con el ilícito.
Los fiscales alegaron que Rafael Guardia Juárez (prófugo y también hijo de Guardia Jaén), Loraine Guardia Juárez y Jonathan Guardia Andrión, crearon sociedades y cambiaron cheques de fondos asignados al PAN de manera irregular, para adquirir bienes muebles e inmuebles.
Esos fondos se movieron a través de las sociedades Inversiones Glora, Grupo Piombino, Inversiones Alimac e Inversiones Harl.
A su turno, los abogados defensores solicitaron un sobreseimiento definitivo para sus clientes, alegando que la fiscalía no pudo demostrar que los fondos asignados en los contratos del PAN no fueron usados en los proyectos para los que estaban destinados.
Varios de los defensores alegaron que la fiscalía nunca presentó un informe final que determinara la existencia del delito de blanqueo de capitales.
También se presentaron varios incidentes de nulidad en los que se alegaron violaciones al debido proceso y a las garantías fundamentales de los imputados durante la fase de investigación.
El fiscal De Gracia se opuso a las nulidades presentadas por la defensa, al señalar que el Ministerio Público cumplió con el debido proceso y respetó las garantías fundamentales de los procesados.
En este caso, el asesor presidencial Javier Cachafeiro, quien aparecía en la lista de imputados, logró un acuerdo de colaboración con la fiscalía y quedó excluido del proceso.
Tras la conclusión de los alegatos de las partes, la juez Rentería accedió a la petición de los abogados defensores de levantar las medidas cautelares de reporte periódico y prohibición de salida del país para los procesados, con la salvedad de que serán restablecidas si desatienden cualquier llamado de notificación por parte del tribunal.
Rentería se acogió al término de 30 días para dictar sentencia y resolver los recursos presentados por los abogados defensores.
