La Fiscalía Anticorrupción ingresó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con el objetivo de ubicar información que permita establecer las partidas asignadas a las juntas comunales, provenientes de fondos del programa conocido como descentralización paralela.
De acuerdo con la Fiscalía, se trata de dineros que salieron de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) y que guardan relación con las denuncias presentadas en 2024 por la presunta comisión del delito contra la administración pública, específicamente peculado doloso, durante el periodo gubernamental 2019-2024.
“Una vez recibida la denuncia, la Fiscalía Anticorrupción ha llevado a cabo diversas diligencias para acreditar la conducta delictiva denunciada y, además, determinar el grado de participación de las personas señaladas como autores o partícipes”, indicó el Ministerio Público.
Entre las acciones realizadas, según la Fiscalía, se encuentran allanamientos y registros a residencias. Las pesquisas han permitido ubicar indicios y realizar inspecciones judiciales en distintas juntas comunales con el fin de determinar si existe documentación relacionada con el Programa de Interés Social.
Asimismo, se ha solicitado información a la AND sobre las sumas de dinero requeridas por representantes de corregimientos y alcaldes municipales denunciados. También se enviaron notas al Banco Nacional de Panamá, del cual se obtuvieron certificaciones sobre la existencia de las cuentas del Programa de Interés Social asignadas a cada municipio y junta comunal, los movimientos bancarios y los cheques girados a personas naturales y jurídicas. Todo esto ha permitido determinar la existencia de los recursos económicos asignados a las entidades involucradas, así como identificar a los beneficiarios de dichos fondos.
La Autoridad Nacional de Descentralización informó este martes 15 de octubre que ha recibido 385 informes de juntas comunales y municipios relacionados con el uso de los fondos provenientes de la polémica descentralización paralela. Esto representa el 51% de las administraciones locales que recibieron transferencias del Subprograma de Interés Social (PDIS).
Durante el periodo 2021-2024, el Subprograma de Interés Social —o descentralización paralela— transfirió un total de $320 millones a los gobiernos locales, con el objetivo de impulsar proyectos en áreas como infraestructura, salud y educación. No obstante, su manejo fue opaco y careció de los controles requeridos.
