Las pesquisas relacionadas con la cesión fraudulenta de créditos fiscales tendrían en la mira a otras 29 personas que también formarían parte de la red criminal, lo que elevaría a 50 el número de investigados.
El fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez, reveló que un equipo de investigadores revisa el sistema e-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI) para determinar si la organización se apropió de créditos fiscales adicionales a los que ya son objeto de investigación.
Hasta el momento, se calcula que la red causó una lesión patrimonial al Estado por aproximadamente $40 millones, aunque esa cifra podría variar conforme avancen las pesquisas.
Previamente, peritos de informática forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) realizaron una inspección ocular al sistema e-Tax 2.0, diligencia que se extendió del 17 de marzo al 21 de mayo de 2026.
Bienes aprehendidos
La fiscalía también ha pedido información a los bancos relacionada con la cesión de los créditos fiscales. Además, revisa la compra y las transferencias de bienes inmuebles.
La Prensa conoció que hace seis meses se legalizó la aprehensión provisional de una residencia en la urbanización Arcadia, en Chitré, provincia de Herrera, valorada en $79,990, a nombre de Milena Lineth González Rodríguez.
González adquirió la casa en abril de 2025.
El embargo fue notificado al Registro Público por la juez de garantías Meylín Jaén el 11 de febrero de 2026.
Milena González no está imputada, pero sí ha rendido declaración ante la fiscalía. Es hija de Betzy Rodríguez Alvarado, una antigua funcionaria de la DGI que está imputada por el escándalo de los créditos fiscales. Además está casada con Alfredo Murillo Pimentel, quien pactó un acuerdo de colaboración y de pena (de 48 meses de prisión) con la fiscalía.
Betzy Rodríguez reconoció que entregó parte del dinero obtenido a su hija Milena y a su yerno, pues sabía que con su salario mensual de $750 no podría justificar los fondos que recibió como parte del esquema.
Milena —quien no tiene un empleo formal— incluso constituyó una sociedad y abrió una cuenta bancaria a nombre de esta para depositar el dinero que su madre le entregaba en efectivo, alegando falsamente que correspondía a pagos por “trabajos independientes de contabilidad”. También declaró que recibía instrucciones directas de su madre.
Rodríguez está imputada y cumple detención domiciliaria. Fuentes conocedoras del caso sostienen que ha colaborado con la investigación, al igual que Eduardo Silvestre, exjefe del Departamento de Cuenta Corriente de la Dirección General de Ingresos (DGI), quien también permanece bajo detención domiciliaria.
Precisamente, la investigación se originó a partir de una denuncia anónima presentada ante el Ministerio Público el 2 de mayo de 2025, en la que se advertía sobre las actividades de Silvestre, Rodríguez y otros funcionarios de la DGI.
En particular, la denuncia señalaba que Betzy utilizaba a su hija para ocultar el dinero y que constantemente presumía de sus compras —casas y automóviles—, viajes y estadías en hoteles como el Cubitá. En una ocasión, incluso invitó a una veintena de familiares y amigos al resort Nickelodeon de Punta Cana, en República Dominicana.
Además, durante diligencias de allanamiento realizadas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) en septiembre de 2025, se incautaron dispositivos electrónicos utilizados por Betzy y su hija, así como por Silvestre e Irene Cumbrera, una exfuncionaria de la DGI. Hasta el momento, Cumbrera no ha sido imputada.
Todos estos datos constan en el expediente.
Hay más “víctimas”
Márquez también advirtió que existen empresas que desconocen haber sido víctimas de las operaciones de este grupo organizado que operaba dentro de la DGI. Por ello, la fiscalía revisa la documentación relacionada con la tramitación de los créditos fiscales.
Hasta ahora, una auditoría interna de la DGI y las diligencias de la fiscalía han identificado a nueve contribuyentes afectados: Krishell Investment Inc. (que se ha constituido en querellante), Citibank Overseas Investment Corporation, Enel Investment Holding, Leemart Property Ltd., Consalfas AS, The Shell Co. W Limited, National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh, Inchcape Inversiones España, S.L. y Thunderbird Resorts Inc.
Confesiones
La fiscalía también analiza las declaraciones rendidas en las últimas semanas por varios de los imputados que han decidido colaborar con la investigación, las cuales han permitido reconstruir su participación en el esquema criminal.
Adolfo Cosme Quintero Aguilar es señalado por cinco imputados como el intermediario entre funcionarios de la DGI y el banco que adquirió la mayoría de los créditos fiscales sustraídos. También se le atribuye la tarea de distribuir el dinero obtenido con la venta de esos créditos, fijando el monto que recibiría cada participante.
Según los testimonios, los pagos individuales oscilaban entre el 2.3% y el 4.5% del valor de cada transacción, mientras que Quintero Aguilar se quedaba con una comisión del 18%. Los desembolsos se realizaban invariablemente los días 15 y 30 de cada mes para evitar sospechas.
Este jueves 6 de agosto, el Tribunal Superior de Apelaciones debe comunicar su decisión sobre las medidas cautelares impuestas a un grupo de imputados. La audiencia está programada para las 2:00 p.m.
La mayoría de esos imputados fue aprehendida durante la operación Pandora, realizada el 8 de julio. Un día antes, el fiscal Dagoberto Alvarado había solicitado la aprehensión de 19 personas, entre funcionarios de la DGI, abogados y presuntos testaferros.
De ese grupo, Lupo González, Angeli Rodríguez, Rina Arza y Karen Lorena Pitty permanecen en detención domiciliaria. El resto se encuentra en detención provisional.
Silvestre y Rodríguez, como ya se indicó, también cumplen detención domiciliaria.
