El Ministerio Público adelanta 10 investigaciones relacionadas con manejos irregulares de fondos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), con una lesión patrimonial que supera los $76 millones.
Estadísticas del Ministerio Público (MP) detallan que las investigaciones abiertas por las fiscalías anticorrupción dan cuenta de que siete de ellas están relacionadas directamente con la gestión de los denominados auxilios económicos.
De estas carpetas, tres son por la presunta comisión del delito de peculado, tres por el delito de blanqueo de capitales y en otra se investiga el delito de enriquecimiento injustificado.
Los auxilios económicos del Ifarhu eran ayudas para financiar estudios, pero el programa quedó bajo investigación después de que se detectaran asignaciones sin controles suficientes, beneficiarios que no justificaron el uso del dinero y montos que no correspondían al costo de las carreras. Además, la Fiscalía investiga un presunto esquema de devolución de dinero (cashback), mediante el cual parte de los recursos habría regresado a cuentas vinculadas al entonces director de la institución.
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La lesión patrimonial investigada por las autoridades asciende exactamente a $76 millones 208 mil, mientras que el número de personas imputadas alcanza un total de 36, de las cuales 35 enfrentan cargos por el delito de peculado.
Entre los imputados por el caso de los auxilios económicos se encuentra el exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, quien también afronta cargos por los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.
Meneses se encuentra detenido provisionalmente en la cárcel La Nueva Joya, mientras la Fiscalía concluye las investigaciones.
También entre los imputados figuran Héctor Sambrano, exdirector de Becas, y Rosalinda Rivera, exdirectora de Finanzas —ambos exfuncionarios del Ifarhu a quienes la Fiscalía vincula con la entrega de auxilios económicos a personas con alto poder adquisitivo y que no calificaban para estos beneficios.
La Fiscalía presentó un informe de actuación financiera de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en el que se detalla que Sambrano y Rivera facilitaron contratos con empresas privadas a las que se entregaron fondos del Ifarhu sin que existieran convenios con la entidad.
La mayoría de los imputados en el caso de los auxilios económicos son estudiantes que no calificaban para este beneficio o que no cumplieron con los estudios para los que recibieron la ayuda.
Investigaciones del Pase-U
La Fiscalía también adelanta tres investigaciones relacionadas con el manejo del Pase-U. Dos de ellas son por el delito de peculado y otra por el delito de blanqueo de capitales.
En septiembre pasado, un juez de garantías imputó cargos por blanqueo de capitales al exdirector del Ifarhu de Panamá Este Manuel Lamela, y a la cajera de esa entidad, Jennifer Estrada.
Según la investigación, Lamela y Estrada, quienes también están imputados por el delito de peculado, se asociaron para apropiarse de fondos pertenecientes a becas de asistencia social y del beneficio de Pase-U, destinado a estudiantes de escasos recursos del sector este de la provincia de Panamá.
La Fiscalía Anticorrupción inició la investigación en 2022, tras una denuncia presentada por el Ifarhu y la entrega de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, en el que se reflejaban irregularidades en la tramitación de 414 cheques y 84 tarjetas Clave Social correspondientes a programas de becas del Ifarhu y del Pase-U manejados en la sede regional de Panamá Este.
Por estos casos, la Fiscalía analiza la existencia de una lesión patrimonial que asciende a la suma de $146,279.
