El juez de garantías Fermín Bonilla decretó la imputación y detención preventiva de una exfuncionaria del Ministerio Público (MP) y de un particular por los delitos de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos luego de permitir la entrada de gran cantidad de productos químicos controlados de manera irregular.
El juez Bonilla decretó la detención de una funcionaria, que laboró como coordinadora de la Unidad de Control de Químicos del Ministerio Público, y del particular, señalados de ser miembros de una red criminal dedicada a la introducción de materiales químicos controlados.
Según las investigaciones, la funcionaria recibió pagos por la suma de $24 mil para permitir la entrada de sustancias químicas controladas que fueron desviadas a actividades del crimen organizado.
Mientras que al particular se le ubicó la suma de $48 mil que se presume eran parte del pago por la introducción de los químicos.
Las pesquisas se iniciaron en el año 2022, tras detectarse que la exfuncionaria recibió fuertes sumas de dinero en su cuenta bancaria que no pudo justificar.
Las autoridades han advertido de la creciente penetración del crimen organizado en las instituciones de administración de justicia en los estamentos de seguridad.
En 2023 al menos dos funcionarios judiciales y 11 de diferentes estamentos de seguridad han sido procesados por actividades ligadas al crimen organizado.
