Poco a poco se conocen más detalles de la histórica fuga de 195 privados de libertad del centro penitenciario La Joyita, ocurrida el pasado 1 de junio. Informes oficiales, testimonios de funcionarios y documentos remitidos al Ministerio Público comienzan a reconstruir cómo se desarrolló el motín que dejó además tres muertos y una serie de interrogantes sobre las fallas de seguridad y la cadena de responsabilidades dentro del sistema penitenciario.
Entre los documentos incorporados a la investigación figura un informe elaborado por Onénimo Araúz, funcionario penitenciario del Ministerio de Gobierno con más de 30 años de servicio y encargado de La Joyita al momento de los hechos, remitido al fiscal superior Azael Samaniego.
En la nota, Araúz reconstruye los eventos que antecedieron y acompañaron el motín, identifica vulnerabilidades en el perímetro del penal —cuya vigilancia correspondía a la Policía Nacional— y detalla los traslados de internos que se fugaron, así como las acciones emprendidas para intentar recuperar el control del centro penitenciario
Además, la investigación menciona al comisionado de la Policía Nacional Luis García, jefe de seguridad penitenciaria, quien fue removido tras la fuga, y al “Mayor Rivera”, vinculado a la coordinación de traslados de internos.
El documento también revela que varias de las decisiones que terminaron desencadenando la crisis no fueron comunicadas oportunamente a la dirección encargada del penal. Araúz sostiene que desconocía algunos de los movimientos de internos que se realizaban ese día y describe un escenario de creciente descontrol, marcado por versiones contradictorias, dificultades de comunicación y la rápida pérdida de control sobre distintos sectores de la cárcel.
Según su relato, todo comenzó la mañana del 1 de junio, cuando se coordinó el traslado de varios internos desde distintos pabellones. Horas después, la situación se salió de control. Los reclusos destruyeron decenas de cámaras de vigilancia, se armaron con utensilios de cocina y otros objetos contundentes, y avanzaron por distintas áreas del penal mientras custodios y unidades de seguridad intentaban contener el motín.
Los hechos, según el encargado de la cárcel
Con base en el informe remitido por el director encargado del centro penal, el Ministerio Público reconstruye las horas críticas que permitieron el motín y la posterior fuga masiva:
12:30 Horas (aproximadamente): El “mayor Rivera” se presenta en la dirección del penal. Solicita el uso de un vehículo oficial para movilizar de forma inusual a privados de libertad del área de máxima seguridad hacia el sector conocido como “Rancho” (visita de abogados). El traslado se justifica por una reunión programada por el comisionado Luis Garcés, cuyo propósito real era desconocido por la dirección del centro.
Minutos posteriores (efecto rumor): La información sobre movimientos internos se filtra de inmediato a los pabellones de mínima seguridad. Los internos asumen que las unidades de control de multitudes ingresarán para ejecutar un traslado masivo y forzoso hacia otros centros penitenciarios del interior de la república, desatando la agitación generalizada.
Momento de la sublevación: En cuestión de minutos, la tensión desborda el penal. La Policía Nacional procede a esposar a los privados de libertad y a subirlos a los transportes de la institución sin informarles que serían trasladados. Los reclusos se salen de sus pabellones de forma masiva e inician los enfrentamientos directos contra la policía, superándola en número.
Vandalismo masivo: Aprovechando el vacío de autoridad y el repliegue policial, los reclusos vandalizan la cocina del penal para robar la totalidad de los insumos, destruyen cercas de seguridad y llegan hasta el área de los escáneres, destruyendo portones de múltiples pabellones.
Escape y sabotaje: Los reos acceden a los talleres del Inadeh y sustraen herramientas pesadas. Destruyen equipos educativos del Ministerio de Educación y sabotean un aproximado de 46 cámaras de videovigilancia y monitoreo. El daño tecnológico total facilita la apertura de brechas en el perímetro y da inicio a la fuga masiva de los internos.
Colapso perimetral: Las fallas externas que facilitaron la huida
El informe detalla que el plan de contingencia perimetral externa falló de manera estructural debido a la velocidad del motín y a la falta de comunicación oportuna por parte de la Policía Nacional hacia los puestos de vigilancia exteriores.
Según el documento, las torres de vigilancia perimetral y los retenes externos no recibieron el estado de alerta a tiempo.
Esto permitió que los reclusos utilizaran herramientas pesadas, robadas de los talleres, para romper con total impunidad los primeros cercados perimetrales. Para cuando los estamentos externos reaccionaron, el quiebre de la seguridad tecnológica (con 46 cámaras destruidas) creó puntos ciegos críticos que impidieron a los centinelas contener las múltiples brechas simultáneas por las que escaparon los reclusos.
Consecuencias legales: Oficiales bajo la lupa de la Fiscalía
Las revelaciones del documento abren un complejo escenario penal y administrativo para las unidades mencionadas en el reporte, específicamente para el “mayor Rivera” y el comisionado Luis García, en ese momento, Jefe de la Seguridad Penitenciaria.
Investigación penal del Ministerio Público: El fiscal superior de atención primaria, Azael Samaniego, mantiene abierta una causa penal para determinar si las acciones de estos oficiales configuran los delitos de incumplimiento de los deberes de servidor público, negligencia grave, o presunta complicidad por omisión en la modalidad de favorecimiento de la evasión, tipificado en el Código Penal panameño.
Procesos administrativos y destituciones: Paralelo a la justicia ordinaria, la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) de la Policía Nacional ha iniciado un proceso interno que podría culminar en la destitución inmediata de los uniformados.
De hecho, el impacto del evento ya provocó la remoción fulminante del Jefe de la Seguridad Penitenciaria a nivel nacional, el comisionado Luis García, siendo reemplazado por el comisionado Basilio Sánchez, lo que marca un precedente de las sanciones administrativas en curso.
