A pesar de las alegaciones de violación al debido proceso por parte de algunos abogados defensores, la juez Baloisa Marquínez decidió seguir adelante con el juicio a los implicados en el caso Odebrecht.
Marquínez desestimó las alegaciones de Carlos Carrillo, abogado del expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien se conectó al juicio a través de una videollamada.
En la sesión judicial que empezó este lunes 12 de enero, el abogado Carrillo dijo que el tribunal estaba violando el derecho a defensa de todos los procesados al no permitirles repreguntar a un grupo de testigos que se encuentran en Brasil y que hicieron duros señalamientos contra Martinelli y otros imputados.
Carrillo se refiere a las declaraciones de Mónica Moura, Fernando Migliaccio, Olivio Rodríguez, Luis Eduardo Da Rocha y André Rabello, quienes declararon a la fiscalía sobre la participación de funcionarios de la administración Martinelli (2009-2014) en la recepción de dineros procedentes de pagos entregados por Odebrecht.
Moura había declarado que había recibido dinero para el levantamiento de la imagen del gobierno y que estos recursos le habían sido pagados a través de sociedades controladas por la constructora brasileña.
A su vez, Basilio González, abogado de Aaron Mizrachi, solicitó al tribunal excluir a su cliente del juicio, a raíz de la existencia de una decisión del Primer Tribunal de Justicia en el que se le excluye del caso.
Sin embargo, la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo alegó que este fallo se encuentra en apelación ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que dicha decisión no está en firme y se debe continuar el proceso.
Durante el desarrollo del juicio, Marquínez validó dos acuerdos de pena a favor de Francisco Pérez Ferreira y Juan Carlos Espinosa. Se informó que uno de los acuerdos incluyó la devolución de dinero obtenido de los recursos entregados por Odebrecht.
Los acuerdos fueron presentados poco antes que la juez abriera la sesión, por lo que ordenó el desalojo de la sala para que la fiscal Morcillo y los abogados defensores establecieran los parámetros de los acuerdos.
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También el abogado José Antonio Kuan presentó un incidente de nulidad en representación del exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima.
El abogado Kuan sustentó su petición en el hecho de que su cliente no recibió dinero procedentes de fondos de Odebrecht y que los bienes que le fueron cautelados le fueron devueltos tras comprobarse su origen lícito.
La juez también integró a la audiencia a los procesados Gonzalo Monteverde y María Carmona, a través de una gestión del tribunal, ya que con anterioridad no habían sido notificados del juicio.
Tras la apertura de la sesión, la juez Marquínez preguntó a los procesados si se consideraban responsables de los delitos que se les imputan en esta causa, a lo que todos respondieron que son inocentes y que no tenían mayor responsabilidad.
Entre los procesados que se encontraban físicamente en el tribunal se encontraban los exministros Demetrio Papadimitriu, Frank De Lima, Carlos Dubois y Federico Suárez. También en la sala de audiencias se mantuvieron el exdiputado Jorge Alberto Rosas, Michelle Marie Lasso, Juan Carlos Rosas Odonell.
Mientras que el excandidato presidencial José Domingo Arias estuvo conectado de manera virtual. También estuvieron en esta modalidad virtual los imputados Riccardo Francolini, Aaron Mizrachi Malca, Aurora Muradaz, Haumies Pamis, Jaime Lasso, Navin Batkha.
🚨En vivo: empezó el juicio del caso Odebrecht; fracasan intentos de suspensión.https://t.co/QB5I2KUX0X
— La Prensa Panamá (@prensacom) January 12, 2026
En la sesión de la tarde, el tribunal procedió al inicio de la lectura del auto de llamamiento juicio expedido el 7 de noviembre de 2022, por el cual la juez Marquínez estimó procedente formular cargos por el delito de blanqueo de capitales a los procesados.
El documento recoge los 21 incidentes de nulidad, de controversia por doble juzgamiento y falta de competencia presentados por la defensa y que fueron rechazados por el tribunal.
El documento presenta la vinculación de cada uno de los procesados en el entramado para el pago de coimas establecido por Odebrecht con funcionarios panameños.
