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Juez niega cambio de medida cautelar a exfuncionaria del Órgano Judicial investigada por blanqueo

Juez niega cambio de medida cautelar a exfuncionaria del Órgano Judicial investigada por blanqueo
Nicel Solano, abogada de 35 años de edad, es una de las imputadas en la operación Damasco.

Nicel Solano, exfuncionaria del Órgano Judicial investigada por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, seguirá detenida luego de que el juez de garantías Mike Zúñiga rechazara una petición para que se le concediera una medida cautelar menos severa.

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Durante una audiencia celebrada el pasado viernes en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio, ubicadas en Plaza Ágora, el juez Zúñiga estimó que se mantienen el riesgo de fuga y el peligro para la comunidad, por lo que no es viable aplicar una medida cautelar distinta a la detención preventiva.

Solano fue detenida en febrero de 2022 durante la operación Damasco, en la que se desmanteló una red criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales, ligada a la pandilla Humildad y Pureza (HP).

Según la investigación del Ministerio Público, la exfuncionaria presuntamente filtró información a la red liderada por Carlos Roberto Aguilar, alias Robert, dedicada a la custodia de cargamentos de droga procedentes de Colombia.

Carlos Roberto Aguilar se mantiene prófugo, a pesar de que pesa sobre él una orden de detención vigente por esta investigación.

Durante la pesquisa, la fiscalía encontró en uno de los teléfonos decomisados comunicaciones entre Solano y uno de los presuntos miembros de la red criminal.

Según el Ministerio Público, debido al cargo que ocupaba Solano en el Órgano Judicial como abogada, tenía acceso a información relacionada con los casos penales que llegaban a los tribunales de justicia. Solano fue coordinadora de la Segunda Oficina del Sistema Penal Acusatorio, cargo que ocupó hasta junio de 2021 y del que se marchó para ser asistente interina en el despacho de la magistrada de la Sala Penal Maribel Cornejo.

La investigación data del año 2021, cuando el Ministerio Público obtuvo información sobre la existencia de una red criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales que operaba en el área de Chepo y enviaba drogas fuera del país.


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