La juez de garantías Diana García imputó cargos y ordenó la detención provisional de Dídimo Rodríguez Ayala, quien está presuntamente implicado en un esquema de fraude de créditos fiscales descubierto a través de la operación Espejismo.
Rodríguez, quien se encontraba en la lista de los más buscados de la Policía Nacional, fue imputado por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, falsedad y corrupción de funcionario.
Durante la audiencia, la fiscal segunda especializada contra la Delincuencia Organizada, Elizabeth Carrión, planteó que la red utilizó sociedades “canasta” para realizar las transacciones de compra venta de créditos fiscales.
Entre las sociedad ligada a Rodríguez se encuentran Sijet Eprex S.A. y Beicrot Inc que supuestamente fueron usadas para transferir créditos fiscales modificados a terceras personas.
Entre los elementos de convicción que la fiscalía presentó a la juez hay declaraciones de Eduardo Silvestre, Rina Arza y Betzy Rodríguez, tres exfuncionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) investigados como parte de la operación Pandora, sobre la red que operó a la interno de la DGI y se apropió de créditos fiscales, ocasionando una lesión patrimonial de por lo menos $40 millones.
Según la investigación de la fiscalía, Rodríguez actuaba en coordinación con Luis Alberto Gaitán y Efraín Cherigo Moreno, ambos imputados en la operación Espejismo.
Durante la audiencia, la defensa de Rodríguez solicitó la aplicación de una fianza de $100 mil para evitar su detención y, como garantía, presentó dos propiedades en la provincia de Chiriquí.
Sin embargo, la juez rechazó la solicitud de fianza y ordenó la detención provisional, ya que considera que existen riesgos procesales.
Rodríguez está ligado a La Naranja BP, S.A., una de las sociedades intermediarias usadas para colocar los créditos fiscales en Pandora.
También en este esquema aparece la sociedad Buzz Marketing.
Según la investigación, Rodríguez habría recibido entre los años 2023 y 2026 transferencias bancarias hasta por la suma de $2.1 millones
La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada también está a cargo de la operación Pandora, en la que 22 personas —entre las que hay funcionarios de la DGI, abogados, inversionistas y particulares— son investigadas tras haber establecido una estructura criminal para la tramitación ilegal de créditos fiscales, que luego eran vendidos a terceros.
