El juicio por presuntos sobrecostos en dos proyectos viales ejecutados en Panamá cerró con dos decisiones de la juez Águeda Rentería. Anunció que se acoge al término que fija la ley para emitir la sentencia y, además, ordenó levantar las medidas cautelares que pesaban sobre los imputados.
Las fiscales Ruth Morcillo, Thalia Palacio y Jenisbeth Malek, en representación del Ministerio Público de Panamá, no objetaron la decisión del tribunal.
Hasta ahora, los procesados tenían impedimento de salida del país y además debían presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales como parte de las medidas cautelares impuestas durante el proceso.
El proceso judicial se desarrolló en el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales y se centró en supuestos sobrecostos en dos proyectos de infraestructura: la rehabilitación del patrimonio histórico en el Casco Antiguo y la ampliación de la avenida José Domingo Díaz. Ambos contratos formaron parte de las intervenciones viales impulsadas durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
La investigación por la supuesta comisión del delito de peculado alcanzó a Federico Suárez, quien fue ministro de Obras Públicas durante un periodo del gobierno de Martinelli, y al empresario Marcelo De la Rosa, así como a los miembros de la comisión evaluadora de los proyectos: María Eugenia González, León Halphen, Héctor Castillo, Juan Manuel Vásquez y Sergio Del Sour.
Otros dos procesados alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía Especial Anticorrupción: Mauricio Cort y Jorge “Churro” Ruiz.
Ruiz fue director de proyectos especiales en el MOP. Cort, que además es delator de la Fiscalía Especial Anticorrupción en el caso de los sobornos de Odebrecht, es identificado como testaferro.
La acusación del Ministerio Público sostiene que en esas contrataciones se inflaron los precios de referencia para favorecer a determinados contratistas y generar pagos irregulares dentro del sistema de licitaciones públicas.
Auditorías de la Contraloría calcularon que el presunto perjuicio al Estado supera los 90 millones de dólares: más de $51 millones en el proyecto del Casco Antiguo y cerca de $47 millones en la ampliación de la avenida José Domingo Díaz.
El cierre del juicio se dio el pasado miércoles, después de una semana de alegatos en los que la Fiscalía pidió condena contra Suárez y De la Rosa, y solicitó la absolución para los cinco miembros de la comisión evaluadora.
Las defensas centraron su estrategia en cuestionar el peritaje que sustenta la acusación de sobreprecio. Los abogados argumentaron que el informe técnico del perito que calculó los presuntos sobrecostos carece de validez y contiene inconsistencias.
Uno de los argumentos planteados sostiene que el perito habría comenzado a trabajar antes de juramentarse formalmente en el cargo, lo que, según la defensa, invalida el informe que sirve como base para la investigación.
Los abogados también afirmaron que auditorías de la Contraloría revisaron los contratos en distintas etapas y concluyeron que se ajustaban a la ley, por lo que cuestionaron que la Fiscalía construyera la acusación penal a partir de un único informe técnico.
La decisión de Rentería definirá si existió responsabilidad penal en los precios de las obras.
