A pesar que la Corte Suprema de Justicia decidió dejar sin efecto la creación de un fondo de compensación para la jubilación de magistrados y jueces, el Acuerdo No.614, fechado el jueves 21 de agosto, en el que se informa dicha decisión, deja abierta la puerta para la implementación futura del citado fondo.
Los magistrados de la Corte explicaron en el Acuerdo No.614, que la decisión de dejar sin efecto la creación del fondo de compensación para la jubilación de magistrados y jueces se tomó ante el actual escenario económico, que no es el más idóneo para su implementación, pero que ello no implica la renuncia a los mandatos constitucionales y las previsiones contenidas en el Acuerdo No.407 de 18 de julio de 2024, que creó el fondo, dejando a salvo su implementación futura.
Los magistrados de la Corte también sostienen que el fondo complementario para la jubilación de los magistrados y jueces fue expedido con base a la autonomía financiera y gestionando la administración del presupuesto asignado al Órgano Judicial para brindar el servicio público de justicia.
Además, remarcan que el Órgano Judicial goza de autonomía presupuestaria según lo dispuesto en el artículo 214 de la Constitución, lo que implica la facultad de administrar y disponer de los ingresos y recursos dispuestos en el Presupuesto General del Estado, lo cual fue ratificado por un fallo de la Corte Suprema de 23 de diciembre de 2021.
Alegan que dicha sentencia impone al resto de los Órganos del Estado un tratamiento diferenciado respecto a las instituciones estatales, reconociendo su “supremacía” como eje fundamental de autoridad encargada de administrar justicia.
Magistrados no deben disponer del erario como si fuera propio
Edgardo Molino Mola, exmagistrado de la Corte, estimó que la autonomía presupuestaria del Órgano Judicial no significa disponer del erario como si fuera propio, sino administrar los recursos públicos de manera independiente para garantizar un servicio de justicia eficiente, transparente y accesible.
Molino Mola también advirtió que el presupuesto judicial no es botín personal ni institucional, sino un instrumento para cumplir fines constitucionales: impartir justicia en nombre de la República y para beneficio de la ciudadanía.
“Pretender que la crítica a privilegios injustificados es atentar contra la independencia presupuestaria, es tergiversar el debate, lo que está en juego no es la autonomía, sino el uso ético de los fondos públicos”, afirmó Molino Mola.
En tanto, el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, tras conocer la decisión asumida por la Corte, hizo un llamado a la sociedad civil a estar vigilante ante cualquier intento de implementar nuevamente el fondo de compensación para la jubilación de jueces y magistrados.
Cedeño consideró que es necesario que se legisle sobre el tema de jubilaciones especiales para jueces y magistrados de la Corte, y advirtió que la asignación de fondos públicos para pagar jubilaciones a los magistrados de la Corte no es viable.
Mientras, la exprocuradora de la Nación Ana Matilde Gómez calificó como lamentable la decisión de la Corte de dejar la puerta abierta para la adopción del fondo complementario de jubilación para jueces y magistrados.
Gómez manifestó que lo anterior deja la incertidumbre del conflicto jurídico, ético y político que plantea el hecho de que la Corte insista en tener la facultad de establecer, por medio de un acuerdo, algo que de acuerdo con la Constitución debe hacerse por medio de una ley. Precisó que los artículos 302 y 303 de la Constitución señalan que en el caso de los servidores públicos todo lo que tenga que ver con jubilaciones será un tema de ley.
Y en este caso, sostuvo, los recursos asignados por la Corte para la creación del fondo están vinculados a tres factores: la edad, el cese laboral y un pago vitalicio que se traduce en una jubilación.
El acuerdo de la Corte Suprema No.407 de julio de 2024, que creó el fondo de compensación para magistrados y jueces, generó una serie de críticas por parte de organizaciones como la Cámara de Comercio y Agricultura de Panamá, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, diputados y hasta el propio presidente José Raúl Mulino.
Un grupo de diputados de la coalición Vamos presentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un anteproyecto de Ley que aplica un monto máximo salarial de 10 mil dólares para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de tribunales superiores y del Tribunal Electoral. Asimismo, establece que cualquier disposición referente a sus jubilaciones deberá ser aprobado mediante una ley.
