Una vez más, el argumento de la falta de prueba idónea salva a un diputado de ser investigado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En esta ocasión se trata de la diputada Marylín Vallarino de Sellhorn, del partido Cambio Democrático (CD).
El caso surgió a raíz de que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) alertó al Ministerio Público (MP) de que personas asignadas a la planilla de la diputada en la Asamblea Nacional habían realizado transacciones “sospechosas” a una tarjeta de crédito a nombre de ella y a una cuenta bancaria de la Agencia de Aduanas Sellhorn, S.A, sociedad en la cual Vallarino es accionista.
Por tratarse de una diputada, el MP solicitó a la Corte que investigara el tema, ya que es lo que corresponde, por mandato constitucional. Pero la Corte, en una decisión que tuvo como ponente al magistrado Olmedo Arrocha, no admitió la causa, alegando que la fiscalía no realizó una investigación preliminar que revelara una situación más allá de la “sospecha” consignada en el informe de la UAF. La Corte advirtió que no pueden realizar gestiones para configurar la prueba sumaria.
Los hechos
La alerta de la UAF fue enviada a la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas Penales de la Fiscalía Anticorrupción en diciembre de 2022 y la misma advierte que los depósitos que recibió Vallarino no son “acordes al perfil transaccional” de la diputada.
El documento precisa que en el personal listado en la planilla de la diputada que se encarga de las transacciones hay cuatro personas: Vivian Tuñón, quien depositó $13 mil 446; César Ramírez ($31 mil 786) Gonzalo Rodríguez ($4 mil 100) y Lorna Cáceres ($ 2 mil 63).
“Inteligencia financiera determinó que, en la tarjeta de crédito, los pagos fueron realizados en efectivo, traspasos entre cuentas y cheques que fueron girados por el Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección de Tesorería, fondos general de planilla y de la cuenta de la sociedad Agencia de Aduanas Sellhorn”, se lee textualmente en el fallo con ponencia de Arrocha, que fue avalado por el resto de sus colegas del pleno de la Corte.
La sentencia dice además que la prueba idónea debía estar en “la acción penal directa” que se presenta en esa corporación o en las copias compulsadas.
No obstante, los magistrados de la Corte detallan que esta decisión no impide que, con posterioridad, el MP pueda nuevamente compulsar copias sobre estos hechos.
También señala que el MP no desarrolló una investigación contra el resto de las personas mencionadas en el informe de la UAF que no son diputados, para conocer el alcance de estos hechos.
Se contactó vía telefónica a Vallarino para conocer su versión de este caso, pero dijo que se encontraba ocupada en una reunión y que no podía atender la llamada. “Estoy ocupadita en una reunión y no le puedo atender”, manifestó.
Otras denuncias
Vallarino, junto con otros diputados y exdiputados, fue denunciada en el año 2018 por el entonces contralor Federico Humbert, tras realizar una auditoría a las planillas de la Asamblea. En esa investigación se detectó irregularidades en la contratación de personal y la entrega de fondos a juntas comunales y municipios en calidad de “donaciones”.
La denuncia de Humbert alegaba que empleados de la Agencia de Aduanas Sellhorn habían cobrado unos $80 mil en contratos pagados por la AN.
En febrero de 2018, la Contraloría entregó 223 cajas numeradas al MP, con el resultado de las auditorías, y luego procedió con la presentación de denuncias ante la Corte contra aquellos que en ese entonces mantenían la condición de diputados. Sin embargo, esos casos no prosperaron.
