En la Dirección General de Ingresos (DGI) se gestionó la cesión de créditos fiscales de forma “improcedente e ilegítima” por incumplir los procesos de revisión y supervisión correspondientes.
Estas gestiones, realizadas por una red interna que manipuló el sistema e-Tax 2.0 para apropiarse de créditos fiscales —posterior-mente adquiridos por BAC International Bank-, causaron una lesión patrimonial al Estado de $40 millones.
Hay 19 personas detenidas desde la semana pasada por el operativo.
Una auditoría interna de la DGI determinó que no existen evidencias de que las cesiones fueran autorizadas mediante una resolución motivada del director de la entidad, como exige el Código de Procedimiento Tributario. Por ello, concluyó que “las cesiones aplicadas al contribuyente Bac International Bank, Inc. son improcedentes e ilegítimas”.
La DGI se constituyó en querellante en la causa penal que adelanta el Ministerio Público contra los supuestos integrantes de la red, imputados por estafa, blanqueo de capitales, corrupción de funcionarios y asociación ilícita.
El banco ha dicho que adquirió los créditos fiscales “de buena fe”, que hizo una debida diligencia conforme a la normativa bancaria aplicable y que colabora con las autoridades para esclarecer los hechos.
