El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oculta información sobre el destino de las acciones y bienes comisados a Editora Panamá América, S.A. (Epasa), razón por la cual el diario La Prensa presentó una acción de hábeas data ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“La información requerida guarda relación con las acciones de una sociedad vinculada a un asunto de alta relevancia pública… No obedece a una curiosidad caprichosa, sino al legítimo ejercicio del derecho ciudadano a vigilar cómo la administración pública gestiona bienes que han ingresado a la esfera estatal”, señala el hábeas data presentado el pasado 23 de abril por el abogado Juan Antonio Tejada Londoño, de la firma Tejada Abogados.
“La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo el Estado dispondrá de ese activo, qué decisiones ha adoptado en su condición de accionista, quién ejerce tal representación y bajo qué criterios se administra un bien cuyo destino ya no pertenece a la esfera privada, sino al ámbito estatal y, por tanto, público”, agregó el abogado.
La Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos del MEF desatendió una solicitud de información de La Prensa para conocer cómo se está administrando el 40% de las acciones de Epasa, las cuales fueron entregadas al Estado como parte de los acuerdos de colaboración pactados por el Ministerio Público con dos personas procesadas en el caso New Business: Henri Mizrachi y Riccardo Francolini, dos antiguos socios del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
En una sentencia condenatoria dictada por la juez penal Baloisa Marquínez, el 17 de julio de 2023, se ordenó el comiso de las acciones restantes, la administración y las instalaciones de Epasa, dado que las mismas fueron adquiridas utilizando fondos transferidos por contratistas del Estado a una cuenta bancaria a nombre de la sociedad New Business Services. Esa cuenta canasta recibió aportes por hasta $43.9 millones en diciembre de 2010, cuando Martinelli era gobernante.
En la investigación se probó que el 60% de las acciones de Epasa estaban a nombre de una sociedad, cuyo beneficiario final era Martinelli.
Por este caso, el expresidente fue condenado por blanqueo de capitales a 128 meses de prisión y al pago de una multa de $19.2 millones.
Nada de lo dispuesto por la juez Marquínez se ha ejecutado, pese a que la sentencia fue declarada ejecutoriada el 4 de marzo de 2024.
¿Qué solicitó La Prensa?
El 6 de marzo de 2026, La Prensa envió cuatro preguntas al ministro Felipe Chapman: desde qué fecha el MEF tiene las acciones; qué persona representa al Estado ante la junta directiva de Epasa; qué decisiones fueron votadas en una junta de accionistas celebrada el 30 de septiembre de 2024 y cómo fue la participación del MEF en la votación para decidir la transferencia o traspaso de marca o de cualquier otro activo de Epasa.
De acuerdo con la Ley 6 de 2002 o Ley de Transparencia, en su artículo 2, toda persona tiene derecho a pedir, “sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna”, la información que esté en poder de las autoridades.
Pero Chapman no respondió. En su lugar, el director de Administración de Bienes Aprehendidos, Lorenzo Rivera, firmó una resolución en la que niega la información solicitada a Chapman, alegando que la misma es de “acceso restringido”. Rivera fundamenta su decisión en el Decreto Ejecutivo 359 de 2015, que crea la Dirección de Bienes Aprehendidos.
Rivera convenientemente desconoció que, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 14 de la Ley de Transparencia, los procesos adelantados por el Ministerio Público o el Órgano Judicial solo son accesibles para las partes, “hasta que queden ejecutoriados”. La sentencia condenatoria del caso New Business está ejecutoriada desde hace más de dos años.
Lo que ignoró el MEF
El abogado Tejada, en su escrito de habeas data, resaltó que un reglamento ejecutivo no puede dictar una reserva general y automática, ni servir de fundamento para negar indiscriminadamente información sobre actos de gestión pública.
Agregó que la información requerida es consecuencia de una decisión judicial firme y no versa sobre aspectos íntimos, personales o ajenos a la función estatal, ni sobre estrategias investigativas, diligencias, fuentes confidenciales o información reservada.
“El cierre del proceso judicial y su amplia publicidad, incluyendo el comiso y retención de estas acciones, deja sin objeto el secretismo que arguye la resolución institucional”, y agregó que todos los actos de administración y representación estatal, por su propia naturaleza, están sometidos a publicidad, fiscalización y rendición de cuentas.
Tejada indicó que la resolución que firmó el director de Bienes Aprehendidos adolece de una motivación: en ningún lado explica por qué divulgar la información solicitada afecta un derecho protegido por ley, representa un riesgo o vulnera alguna restricción.
Además, si la decisión está fundamentada en un decreto ejecutivo de 2015, bajo esa hipótesis, el plazo ordinario previsto por la Ley de Transparencia para la información clasificada como de acceso restringido es de 10 años, por lo que ya habría transcurrido.
Otro detalle es que la Corte Suprema de Justicia, en un fallo de 2022, dictaminó que es necesaria la existencia de una resolución “debidamente motivada” que califique una información como de acceso restringido. Ni el MEF ni el director de Bienes Aprehendidos han especificado en qué momento los actos derivados de la sentencia condenatoria de New Business fueron clasificados como tales.
La acción de habeas data deberá ahora ser examinada por el magistrado ponente Olmedo Arrocha.
¿Quién representa al Estado?
Conocer cómo ha sido la actuación del Estado adquiere especial relevancia porque, desde que la sentencia de New Business quedó ejecutoriada, se ha celebrado por lo menos una reunión de la junta de accionistas, el 30 de septiembre de 2024.
En el acta de esa reunión extraordinaria se anotó que en la misma estuvieron presentes (personalmente, por teleconferencia o a través de proxy) los tenedores de la “totalidad” de las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto, “quienes renunciaron a la citación previa”.
Para esa fecha, el MEF ya debía tener, si no el 100%, al menos el 40% de las acciones que entregaron Mizrachi y Francolini, como parte de sus acuerdos con la fiscalía. ¿Quién representó y votó en esa reunión en representación de las acciones bajo custodia del MEF?
La respuesta es un misterio.
