Justo Vargas se notificó el pasado lunes del acuerdo expedido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto su nombramiento como magistrado del Tribunal Superior de Apelaciones del Distrito Judicial.
Fuentes del Órgano Judicial confirmaron que Vargas se notificó de la medida y anunció la presentación de un recurso de reconsideración contra la decisión contenida en el Acuerdo No. 1837 del pasado 8 de junio, mediante el cual fue separado del cargo de magistrado del Tribunal Superior de Apelaciones.
Los nombramientos de Vargas y de Adrián Hernández como magistrados fueron dejados sin efecto por el Pleno de la Corte, en medio de una serie de investigaciones administrativas relacionadas con la asignación irregular de audiencias dentro del Sistema Penal Acusatorio (SPA).
También se informó que se inició una auditoría en varias oficinas del SPA, en especial en aquellas encargadas de la asignación de audiencias de imputación y cumplimiento, y que además se han realizado algunos cambios en dependencias judiciales.
Las auditorías buscan establecer posibles irregularidades en la asignación de audiencias y en el manejo que los defensores públicos dan a cada caso.
Las audiencias de imputación, aplicación de medidas cautelares y legalización de aprehensión son conocidas entre los abogados como “audiencias combo”, ya que se realizan dentro de un mismo acto procesal.
La Oficina Judicial se encarga de asignar las audiencias de manera aleatoria entre los jueces que se encuentran de turno, sin que estos conozcan con antelación el caso que les corresponderá atender.
El mismo mecanismo de asignación es aplicado en el caso de los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, a quienes también se les distribuyen las audiencias de forma aleatoria y sin conocimiento previo de los detalles del caso.
Vargas y Hernández han sido señalados como los magistrados que concedieron una medida de depósito domiciliario a Abraham Rico Pineda, investigado por presunto blanqueo de capitales dentro de la operación Jericó.
