El presidente José Raúl Mulino concedió rebajas de pena y ordenó la libertad de 166 personas privadas de libertad, entre las que se encuentran la exdefensora del Pueblo, Patria Portugal, y cinco policías condenados por la muerte de cinco jóvenes en el Centro de Cumplimiento de Tocumen, ocurrida el 9 de enero de 2011.
A través del Decreto Ejecutivo No. 24, emitido este martes 22 de julio, se establece que los reos incluidos en el listado cumplen con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución, que faculta al Presidente de la República para conceder rebajas de pena e indultos por delitos comunes.
Patria Portugal fue condenada a prisión por el delito de peculado relacionado con contratos que suscribió mientras ejercía como defensora del Pueblo (abril de 2011 - julio de 2013). Entre ellos, uno con la empresa Imaginarium Studio, S.A., por $249 mil para el rediseño de la página web de la entidad, y otro por $199 mil adjudicado a En Avant, S.A.
Piden investigar si policías cobraron estando en prisión
Paralelamente al anuncio de las rebajas de pena, se presentó una solicitud para que se investigue la posible permanencia en la planilla de la Policía Nacional de tres agentes condenados por homicidio y beneficiados con la medida presidencial.
La denuncia, interpuesta por el abogado Carlos Herrera Delegado —representante de los familiares de los cinco jóvenes fallecidos—, sostiene que los policías Eduardo Bernal, Joel Rodríguez y Maikol González permanecieron en la planilla de la Policía Nacional como si estuvieran en servicio, a pesar de cumplir condenas de entre 40 y 46 años de prisión en el Centro Penitenciario El Renacer.
Según la denuncia, la condena contra los tres funcionarios quedó en firme el 30 de octubre de 2020, y desde esa fecha la Policía Nacional debió declararlos de baja, ya que el delito por el cual fueron sancionados fue cometido mientras ejercían funciones como agentes del orden público.
Además, se detalla que una revisión realizada el pasado 17 de julio a la planilla de la Policía Nacional —disponible en el sitio web de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información— mostró que los tres sancionados aún figuraban como funcionarios activos.
Por otra parte, Herrera Delegado señaló que la Policía Nacional no ha cumplido con un fallo de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, que la condenó a pagar $75 mil a los familiares de Erick Batista y otros $75 mil a los de José Frías, ambos fallecidos en la celda 6 del centro de cumplimiento. El incendio que causó sus muertes se originó cuando una bomba lacrimógena lanzada por agentes provocó la ignición de un colchón.
Se solicitó a la Policía Nacional una reacción a la denuncia presentada por Herrera Delegado ante el Ministerio Público, pero hasta el momento no hubo respuesta.
