El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales desestimó una petición presentada por David Murcia Guzmán, investigado por el delito de captación ilegal de fondos, para que se le devolvieran los bienes decomisados por el Ministerio Público.
La investigación contra Murcia Guzmán, iniciada en 2008, aún no ha sido cerrada, ya que nunca ha comparecido al proceso. Fue deportado a Estados Unidos y posteriormente a Colombia para cumplir penas de prisión, mientras continúa reclamando sus propiedades.
A través del edicto No. 128, fijado en la sede del juzgado el pasado 3 de febrero, se comunicó a las partes la decisión de la jueza Águeda Rentería de negar la solicitud de Murcia Guzmán para levantar las medidas cautelares sobre sus bienes.
Durante la investigación, el Ministerio Público decomisó diversos bienes inmuebles y automóviles de lujo pertenecientes a Murcia en Panamá, incluyendo 10 carros (seis de ellos deportivos), dos apartamentos, tres motocicletas, cuadros de pintores famosos, mobiliario de oficina, ropa y $1.3 millones depositados en cuentas bancarias.
Todos esos bienes permanecen bajo custodia de la Dirección de Bienes Aprehendidos del Ministerio de Economía y Finanzas hasta la conclusión del proceso judicial.
En febrero de 2024, la Sala Penal de la Corte rechazó un recurso de casación presentado por el fiscal adjunto César Pereira contra un fallo del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales que declaró prescrita la pena de 10 años de prisión impuesta al colombiano David Murcia Guzmán por el delito de captación ilegal de fondos.
El tribunal determinó que, según el artículo 393-D del Código Penal de 1982, la pena para el delito de captación ilegal de fondos es de 3 a 5 años de prisión, y que en este caso ya había transcurrido el tiempo de aplicación de la pena.
Murcia Guzmán fue capturado en 2008 en Panamá y posteriormente deportado a Estados Unidos, donde cumplió una condena de nueve años de prisión. Luego fue enviado a Colombia, donde se encuentra detenido cumpliendo una pena de 22 años de prisión por los delitos de lavado de activos y captación ilegal de fondos.
En Panamá y Colombia, Murcia operó a través de la empresa DMG (David Murcia Guzmán), un sistema de inversión piramidal que prometía ganancias mensuales a cambio de pequeñas inversiones, pero los inversionistas no recuperaron su dinero.
Murcia ha afirmado en medios colombianos que los cargos en su contra en Panamá carecían de sustento legal y ha alegado que su arresto fue ilegal.
