La entrada en vigencia el próximo 11 de octubre del nuevo Código Procesal Civil, promulgado mediante la Ley 402 del 9 de octubre de 2023, reducirá considerablemente la resolución de los procesos, que pasarán de años a unos cuanto meses, así los aseguró el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Olmedo Arrocha.
Arrocha, quien ha sido el motor detrás de esta nueva iniciativa, relató que el nuevo sistema, al igual que en el Sistema Penal Acusatorio que opera en la jurisdicción penal, introduce la oralidad en los procesos civiles, lo que es un cambio significativo en el manejo de estos procesos que hoy se hacen a través de voluminosos expedientes.
Para Arrocha, el principal desafío del nuevo sistema es eliminar el rezago judicial que afecta a los despachos de la jurisdicción civil. La reforma busca agilizar los procesos mediante audiencias orales, en las que el juez tendrá contacto directo con la causa, lo que permitirá mayor celeridad y eficiencia en la resolución de los casos.
A su juicio, esto permitirá resolver situaciones que antes tardaban meses en apenas unos días o semanas, reduciendo significativamente los términos de tramitación. Explicó que los procesos en primera instancia, que en promedio demoraban 900 días, ahora no deberían extenderse más de 365 días; mientras que en segunda instancia, que solía tomar entre dos y cuatro años, deberán resolverse en un plazo de seis meses. En otras palabras, el tiempo de resolución se reducirá en un 50% respecto a la actualidad.
Agregó que ya están prácticamente habilitadas las salas de audiencia, concentradas en un solo centro, donde se celebrarán los juicios bajo la modalidad de oralidad. Todo el desarrollo de las audiencias quedará registrado en audio y video mediante equipos electrónicos sofisticados.
Asimismo, recalcó que se ha trabajado intensamente en la capacitación de los funcionarios, a fin de que se familiaricen con el nuevo diseño de tramitación de los procesos. En este sentido, hizo un llamado a los abogados que litigan en materia civil para que conozcan y dominen el sistema antes de su implementación.
“Cada abogado tiene el deber de adaptarse al cambio. No puede llegar a aprender ni a ensayar cuando el nuevo sistema esté en vigencia. Su deber es estar preparado y actualizado para responder y desempeñarse con eficiencia en beneficio de su cliente”, enfatizó.
Por otra parte, relató que los fondos para la implementación del nuevo sistema provienen del presupuesto asignado al Órgano Judicial. Sin embargo, no descartó que en algún momento se requieran recursos adicionales para fortalecer el sistema de gestión en la esfera civil.
