LEY BLINDAJE

Cuatro observaciones a fallo que declara inconstitucional el plazo de dos meses para investigar diputados

Aunque unánime, la decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de declarar inconstitucional el artículo 491A de la Ley 55 de 2012 (ley blindaje) recibió “observaciones” de cuatro magistrados.

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Corte declara que es inconstitucional el plazo de dos meses para investigar a diputadosLos órganos del Estado se ‘blindan’ con nueva leyPresidente Varela pide a la Corte no avalar blindaje

Así lo informó José Ayú Prado, presidente de la CSJ, quien informó que las observaciones fueron anunciadas por sus colegas Harley Mitchell, Harry Díaz, Abel Augusto Zamorano y Luis Mario Carrasco –suplente de Jerónimo Mejía-. Las cuatro serán anexadas al fallo, que será dado a conocer el próximo jueves 26 de noviembre.

Ayú Prado no precisó  en qué consisten las observaciones, pero adelantó que todas van en la misma “línea”.

El pasado jueves 19 de diciembre, el pleno declaró la nulidad del artículo 491A de la ley blindaje, que en su texto impone un plazo de dos meses para investigar a los diputados (principales y suplentes), de la Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Con este fallo, se resuelven tres demandas contra la ley blindaje: dos presentadas por Carlos Rubio y una por  el magistrado Oydén Ortega, fiscal de la causa seguida al expresidente de la República y diputado del Parlacen Ricardo Martinelli, por la compra de alimentos deshidratados con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN). Ortega presentó la acción el 2 de julio pasado, dos días antes que venciera el plazo para investigar a Martinelli. Desde entonces, el proceso se encuentra suspendido.

La Corte todavía debe resolver otra demanda contra más artículos de la Ley 55 -cuya ponente es la magistrada suplente Gisela Agurto- y pronunciarse sobre el proyecto 214, que crea prerrogativas sobre el procedimiento para procesar a diputados, magistrados y presidente y vicepresidente de la República.

El proyecto 214 fue vetado por el gobernante Juan Carlos Varela, pero la Asamblea Nacional lo aprobó por insistencia en octubre pasado.


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