El Primer Tribunal Superior de Justicia rechazó un amparo de garantías constitucionales presentado por Nicel Solano, exasistente de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Maribel Cornejo, contra la decisión de la jueza de garantías, Hiroco Tinoko Naranjo, quien el 11 de febrero del 2022 admitió la imputación de Solano por la presunta comisión de los delitos de corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales.
Según las pesquisas, la ahora exfuncionaria entregaba información a una red criminal desmantelada dentro de la llamada operación Damasco.
La defensa de Solano alegó que la fiscalía no acreditó en modo, tiempo y lugar el cargo de corrupción de funcionario. Pero en el fallo, bajo la ponencia del magistrado Juan Carlos Tatis, se precisa que la fiscalía sí logró individualizar la conducta criminal atribuida, ya que se obtuvieron pruebas que apuntan a que Solano era identificada dentro de la red criminal como “juzgado dos”.
Además, según la investigación, era la encargada de entregar información sobre la celebración de audiencias y el perfil de los juzgadores, lo que era útil para establecer estrategias de defensa.
Por ejemplo, entregarse a las autoridades para atenuar penas, destruir posibles evidencias como celulares y escoger el abogado adecuado.
El fallo resalta que, durante la audiencia, la defensa no se opuso a la imputación en ninguno de los dos cargos. El tribunal recordó que la fiscalía presentó “extracciones telefónicas” autorizadas por un juez de garantías en las que queda claro la vinculación de Solano con la red.
Según la fiscalía, Solano entregaba información a la pandilla Humildad y Pureza (HP), presuntamente liderada por Carlos Roberto Aguilar (alias Robert), quien se encuentra prófugo.
HP es una de las tres estructuras criminales desmanteladas en los últimos meses, señalada de tener nexos con el Cartel del Golfo.
Según la Corte, la magistrada Cornejo dejó sin efecto el nombramiento de Solano el 27 de diciembre de 2021, al tener conocimiento de situaciones irregulares.
