El abogado José Miguel Jurado Rovira, quien es requerido por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada por su presunta vinculación con el esquema de corrupción detectado en la Dirección General de Ingresos (DGI) a través de la operación Pandora, se entregó este 16 de julio en la sede del Ministerio Público (MP).
Jurado es el representante legal Servicios de Asesoría y Administración Jurado, una de las empresas mencionadas en la investigación sobre las operaciones de una red que manipuló registros tributarios en el sistema e-Tax 2.0. de la DGI para generar créditos fiscales fraudulentos o no reclamados y desviarlos a terceros. La red movilizó por lo menos $40 millones mediante operaciones en las que estarían involucrados funcionarios, abogados, sociedades anónimas y empresas privadas.
Servicios de Asesoría y Administración Jurado está identificada como una de las sociedades intermediarias que traspasó los créditos fiscales a un beneficiario final, según los mapas de trazabilidad que constan en las auditorías forenses que están en poder de la fiscalía.
Fuentes ligadas a la investigación explicaron que Jurado se presentó voluntariamente en el MP y de inmediato fue puesto a órdenes de la Policía Nacional para su filiación y cumplir con las formalidades.
En las próximas horas deberá ser conducido ante un juez de garantías para la legalización de la aprehensión, la formulación de la imputación y, por último, la adopción de medidas cautelares personales.
La Policía Nacional capturó a uno de los principales sospechosos de la red de fraude fiscal investigada en la Operación Pandora. Según las autoridades, la organización habría causado un perjuicio superior a $40 millones mediante créditos fiscales ficticios y la manipulación del… pic.twitter.com/dsixAY7w3B
— La Prensa Panamá (@prensacom) July 16, 2026
El pasado 11 de julio, a solicitud de la fiscalía, un juez de garantías imputó cargos a 16 personas y ordenó la detención de 13 por los delitos de blanqueo de capitales, peculado y falsedad.
El pasado miércoles se conoció que Katherine Navarrete, pareja de Jerkovic Joiner, uno de los imputados y detenidos por este caso, fue cesada de su cargo como juez en San Miguelito.
Jerkovic, miembro de la firma Apriori Asesores y Abogados, es señalado dentro de la investigación como una persona que recibió fondos derivados de las transacciones realizadas por funcionarios de la DGI.
