José Miguel Jurado Rovira, el último sujeto imputado -hasta ahora...- como parte de la operación Pandora, habría desempeñado un papel clave en la estructura investigada por el presunto fraude con créditos fiscales que se desarrolló desde las entrañas de la Dirección General de Ingresos (DGI),entre 2024 y 2025.
Según la investigación adelantada por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, Jurado tramitó $23 millones a través de las cuentas bancarias de dos sociedades utilizadas en el esquema: Servicios de Asesoría y Administración Jurado e Inmobiliaria Riverside. Una auditoría interna e la DGI de octubre pasado identifica a Jurado como “representante legal” de ambas.
De los $23 millones que circularon por las cuentas de estas dos sociedades, $2.3 millones acabaron depositados en cuentas personales a nombre de Jurado, un chiricano de 56 años de edad que se presenta como “asesor financiero”.
Servicios de Asesoría y Administración Jurado e Inmobiliaria Riverside fueron utilizadas como “intermediarias” en la venta de los créditos fiscales a BAC International Bank, según la investigación que maneja la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada.
Durante una audiencia desarrollada este viernes 17 de julio, ante la juez de garantía Meylín Jaén, Jurado calculó que genera entre $20 mil a $30 mil mensuales por sus servicios de asesoría financiera, que prestaba desde unas oficinas ubicadas en el edificio Rally, en avenida Balboa.
Esas oficinas fueron allanadas por agentes de la fiscalía y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). Sin embargo, lo que encontraron fue un local vacío. El conserje del edificio les informó que hacía meses no llegaba nadie por ahí.
El fiscal Dagoberto Alvarado relató que el Jurado era parte de la estructura criminal formada por funcionarios de la DGI que, a través de la manipulación del sistema e-Tax, alteraban créditos fiscales.
También explicó que la red diversificaba sus tareas: unos funcionarios falsificaban los correos electrónicos; otros, los documentos; otro grupo gestionaba la venta de los créditos fiscales, y uno más estaba a cargo de canalizar y distribuir el dinero. Por eso, se les atribuye la comisión de tantos delitos: corrupción de funcionario público, blanqueo de capitales, falsificación de documento público y delincuencia organizada.
Según Alvarado, la investigación, declarada como causa compleja, aún tiene pendiente la práctica de múltiples diligencias, entre ellas, la ubicación de 25 direcciones IP desde donde se enviaron correos electrónicos y se generaron múltiples comunicaciones.
Sociedades y empresas afectadas
Entre las sociedades y empresas que resultaron vinculadas con el esquema de Jurado está Thunderbird Resort, a la que se le anularon formularios de créditos fiscales por $1 millón.
También The Shell Limited, con una afectación de $1.4 millones; Inversiones España ($16,852) y City Bank Overseas ($8.8 millones). En este último caso, los fondos fueron desviados a la sociedad Bonay Investment, ligada al abogado Jercovick Joyner, quien también está imputado y en detención provisional por este caso.
Estas transacciones tienen como común denominador que se gestionaron a nombre de Dagoberto Segundo Díaz y René Ponziano, quienes no se encuentran en el país desde hace varios años, pero cuyas firmas aparecen en los registros de la notaría que dio fe de la gestión realizada.
El fiscal Alvarado también explicó que la funcionaria Catherine Aguirre, una gestor de cobros de la DGI (con un salario mensual de $750), era la persona encargada de alterar los correos electrónicos para que los beneficiarios reales de los créditos fiscales no se enteraran de lo que había ocurrido con los mismos.
El pasado viernes, la juez Jaén imputó cargos y ordenó la detención de Jurado, quien el día antes se había entregado voluntariamente.
Su abogado Víctor Harding recalcó que Jurado no es funcionario de la DGI, que desconoce el funcionamiento del sistema e-Tax y que solo se dedicaba a brindar servicios de asesoría.
Harding se mostró disconforme con la decisión de la juez de ordenar la detención provisional de su cliente, ya que este se presentó voluntariamente y entregó su pasaporte, lo que, a su juicio, demuestra que permanecerá en el país para hacer frente al proceso judicial.
La juez sustentó que Jurado tenía varias residencias (una en Los Caobos, Don Bosco; otra en Boca la Caja, y una más en la urbanización Rainforest, Playa Blanca), lo que podría dificultar su ubicación y constituirse en un riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
Otra razón por la que negó la adopción de una medida cautelar menos severa es la gravedad de los delitos que se le han imputado, explicó la juez.
