En Panamá hay un déficit de jueces, si se compara con los estándares internacionales en administración de justicia.
Informes del Órgano Judicial detallan que el país cuenta con 11.6 jueces por cada 100 mil habitantes. El estándar internacional, determinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es de 65 jueces por cada 100 mil habitantes, lo que pone al país muy por debajo de ese promedio.
Panamá, en 2016, estuvo mejor en esta medición. Ese año había 12.5 jueces por cada 100 mil habitantes y poco a poco ha venido cayendo, precisamente en momentos que entraba en vigencia, con retraso, el nuevo sistema penal acusatorio en reemplazo del sistema inquisitivo mixto.
Para compensar este déficit y evacuar los procesos con rezago, el Judicial ejecutó este año una serie de maratones de audiencias en los diferentes distritos judiciales del país.
López: los jueces enfrentan una sobrecarga de procesos
La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López Arias, en el informe de gestión del primer semestre de 2022, destacó que los jueces enfrentan una gran carga laboral, no solo por su baja cantidad en relación a la población, sino por la falta de disponibilidad de despachos y la complejidad de los casos.
Según el informe, el Órgano Judicial mantenía en trámite un total de 151 mil 519 procesos, de los cuales logró evacuar 76 mil 912.El informe detalla que 30% de los procesos en trámite corresponde a la jurisdicción de familia; 28% son casos civiles; 13% corresponde a la esfera de niñez y adolescencia, y 21% a la penal. En el ámbito penal, se celebraron 81 mil 767 audiencias en el sistema penal acusatorio y 78 mil 717 en el antiguo sistema inquisitivo, que está en proceso de cierre.
Además, según el informe, existe una baja dotación de jueces en el sistema. Una media de 11.6 jueces por cada 100 mil habitantes, muy lejos de los 65 jueces por cada 100 mil habitantes recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
La media europea, en contraste, es de 17.7 jueces por cada 100 mil personas.
Las estadísticas en Panamá reflejan un ligero pero sostenido descenso del número de jueces por cada 100 mil habitantes desde el año 2012. (Ver tabla). Al respecto, López Arias destaca la aplicación de un plan de contingencia en el sistema penal acusatorio por tres meses consecutivos, en el que se hizo un gran número de audiencias pendientes en todas sus fases.
Para ello se amplió el horario de atención, incluyendo horas del mediodía y jornadas de 5:00 p.m. a 7:00 p.m., complementadas con jornadas sabatinas de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Al final, se hicieron 78 mil 717 audiencias.
Hay que recordar que debido al rezago de audiencias, en el calendario hay algunas pautadas para, incluso, 2024, lo que ha puesto presión al sistema y quejas de los usuarios en el sentido de que “justicia tardía, no es justicia”.
Problema de arrastre
En el 2020, un Informe de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional) reveló que una de las razones de la mora judicial en el país es la falta de recursos. Ello, a pesar de que el artículo 214 de la Constitución señala, entre otros aspectos, que “los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público no serán inferiores, en conjunto, al 2% de los ingresos corrientes del Gobierno Central”.
También la Relatoría Especial sobre Independencia Judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) plantea que las asignaciones para justicia deben ser entre 2% y 6% del presupuesto del Estado.
Esto nunca se ha cumplido. Pero para 2023, el presupuesto solicitado por el Judicial es por el orden de $330 millones 277 mil, sin sugerencia de recortes por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto, después que un fallo de la propia CSJ del 23 de diciembre de 2021 estableció que varios artículos de la Ley 176 de 2020 (correspondiente al presupuesto del Estado para 2021) violaban el artículo 214 de la Constitución.
El fin del sistema inquisitivo y prioridades
Con respecto al proceso de cierre del sistema inquisitivo, el informe precisa que se culminó con el proceso de liquidación en Coclé, Veraguas, Los Santos y Herrera y que, para el 2023, se tiene previsto terminar en Bocas del Toro, Chiriquí y Colón. Mientras que en la provincia de Panamá, este proceso se extenderá un poco por la complejidad de algunos casos penales.
En cuanto a futuras inversiones, el Judicial recibirá un préstamo por parte del Banco Interamericano de Desarrollo por $315 millones para la construcción de la Ciudad Judicial, con lo cual se pretende ahorrar $10 millones anuales en alquiler de despachos.
Entre las prioridades para el 2023 están: acelerar la implementación del Tribunal de Integridad y Transparencia, el ingreso a la carrera judicial del 100% de los jueces, la terminación de proyectos de inversión y establecer el expediente judicial digital y la transformación digital a nivel nacional, así como la instalación de equipos de audio y video en todas las audiencias.
