En la recta final del juicio por los sobornos que Odebrecht pagó a políticos, testaferros y funcionarios panameños, los exministros del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) intentaron marcar distancia de los hechos investigados.
Demetrio “Jimmy” Papadimitriu atribuyó a sus padres la responsabilidad de las empresas señaladas y de cualquier vínculo con Odebrecht, mientras que Frank De Lima intentó desligarse de quienes confesaron haber participado en la trama como sus testaferros.
La familia
El jueves 26 de febrero, en la fase de alegatos, Arturo Sauri, abogado de Papadimitriu, solicitó un veredicto absolutorio al considerar que la Fiscalía Anticorrupción no probó la participación de su cliente en el delito de blanqueo de capitales.
Aseguró que, durante su gestión como ministro de la Presidencia entre 2009 y 2012, Papadimitriu no participó en transacciones económicas o contractuales con Odebrecht.
La constructora admitió que pagó sobornos a cambio de contratos con el Estado. Uno de los proyectos más importantes que se adjudicó fue el de la línea 1 del Metro. En aquella época, el Metro de Panamá estaba bajo el paraguas del Ministerio de la Presidencia.
Sauri detalló que fueron los padres de su defendido, Diamantis Papadimitriu y María Bagatelas de Papadimitriu (ya fallecidos), quienes manejaban las empresas familiares que mantuvieron relaciones comerciales con la constructora, en el marco de un negocio de arena que —según afirmó— era totalmente lícito.
El abogado refutó además la teoría de la fiscalía que atribuye al exministro algún poder de decisión en el proyecto de la línea 1 del Metro, al señalar que esa responsabilidad recaía en la Secretaría del Metro. Como se mencionó, esa secretaría formaba parte entonces del organigrama del Ministerio de la Presidencia.
Sauri recordó que presentó un incidente por doble juzgamiento, al alegar que su cliente ya había sido procesado previamente por los mismos hechos en un caso por presunto enriquecimiento injustificado.
El recurso fue presentado ante el Primer Tribunal Superior el pasado 5 de enero, una semana antes de que iniciara el juicio de Odebrecht.
El amparo es contra el auto de llamamiento a juicio adoptado por la juez Baloisa Marquínez el 7 de noviembre de 2022, en el que se decidió el llamamiento a juicio de 35 personas imputadas por blanqueo de capitales, uno de los cuales es Papadimitriu.
La defensa de Papadimitriu alega que ya se le investigó por estos hechos, cuando el abogado Sidney Sittón denunció al exministro en 2015 por presunto enriquecimiento injustificado. Este proceso concluyó con un sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales.
No es la primera vez que Papadimitriu invoca un supuesto doble juzgamiento para evitar comparecer en la causa de Odebrecht. La Corte Suprema ya desestimó un recurso de nulidad que presentó contra el mismo auto de llamamiento a juicio, invocando las mismas causales. La Sala Penal de la Corte advirtió entonces que debía comparecer ante Marquínez.
De Lima, Saiz y Méndez
Antonio Kuan, defensor de Frank De Lima, también solicitó un veredicto absolutorio para su cliente, alegando que no existen evidencias concretas que lo incriminen.
A diferencia de Papadimitriu, contra De Lima pesan las delaciones de José Luis Saiz Villanueva y Olmedo Méndez Tribaldos, quienes confesaron ante la fiscalía que actuaron como testaferros del exministro. También figura la declaración del brasileño André Rabello, antiguo intendente de Odebrecht en Panamá.
La fiscalía atribuye a De Lima, quien fue ministro de Economía y Finanzas, el uso de tres sociedades (Herzone Overseas Limited, Ralfim Limited e Inversiones Joluma) para ingresar dinero ilícito a Panamá, procedente de Andorra. Rabello declaró que tenía un acuerdo con De Lima y su testaferro Saiz para agilizar los pagos por los proyectos adjudicados a Odebrecht.
Saiz pactó un acuerdo con la fiscalía, en el que aceptó haber recibido los sobornos que estaban destinados a De Lima, según consta en la página 315 del auto de llamamiento a juicio de la jueza Marquínez. Méndez también hizo señalamientos directos y confesó haber firmado documentos en blanco, “ya que él confió en Frank De Lima”.
Sin embargo, el abogado Kuan sostiene que, aunque Saiz y Méndez confesaron, no existen pruebas de que ese dinero haya sido entregado efectivamente a De Lima. Añadió que quien aparece como beneficiario final de los fondos que Odebrecht transfirió a Herzone es Saiz y no su defendido.
También protestó porque Méndez había sido convocado para declarar como testigo en el juicio, pero nunca apareció.
